Martìn Ardanaz y Carlos Scartascini**
I. Introducción
Si bien la recaudación general de impuestos ha estado creciendo en los últimos años en Latinoamérica, el gravamen por impuestos personales está por debajo de la norma internacional. Por ejemplo, el país latinoamericano promedio recauda 5 puntos porcentuales del PBI menos de lo que se podría esperar dado su nivel de desarrollo económico, que tiende a ser uno de los determinantes para implementar un impuesto que requiera tecnologías de auto-presentación y ejecución. Tal como lo muestra la Figura 1, cada país latinoamericano queda por debajo de una simple línea de regresión al comienzo del período.1 Dado que el determinante económico estándar más común no puede explicar este hallazgo, la respuesta ¿podría yacer en factores políticos?
Revista 78 , Español, Art III, Figura 1
Un punto de inicio natural es considerar el papel jugado por el régimen político. Después de una larga historia de interrupciones a la democracia y el comienzo de una tercera ola de democratización durante las décadas del ochenta y del noventa, los eruditos y entendidos por igual esperaban que la transición a la democracia aumentaría las presiones para movilizar el ingreso proveniente de los impuestos a las ganancias, que en principio deberían ser más progresivos que otras formas de recaudación como por ejemplo los impuestos indirectos. De acuerdo con el clásico modelo de votante medio de políticas redistributivas (Meltzer y Richard, 1981), en un contexto de gran desigualdad y democrática toma de decisiones (como es el caso de la Latinoamérica contemporánea),2 se espera que un votante medio relativamente pobre demandaría un gravamen relativamente alto sobre los ricos para producir la redistribución del ingreso.3 Que una mayoría de los ciudadanos en la región perciba la distribución del ingreso como injusta o muy injusta –más del 60% en todos los países salvo Venezuela (Figura 1 en el Apéndice)– y que también tiendan a favorecer las políticas redistributivas (Figura 2 en el Apéndice) parecería respaldar inicialmente los argumentos teóricos que vinculan la democracia con una mayor redistribución del ingreso.
Sin embargo, contrario a estas expectativas, la evidencia empírica muestra que la democratización no ha estado acompañada por grandes incrementos en el gravamen a las ganancias en la región (Wibbels y Arce, 2007; Profeta y Scabrosseti, 2010). Por el contrario, los impuestos indirectos, que no caen necesariamente en forma más pesada sobre los ricos, han cobrado aún más ímpetu a pesar de los incrementos sustanciales en los puntajes democráticos a lo largo de la región con el tiempo. Por ejemplo, la Figura 2 muestra que, si bien muchos impuestos a los bienes y servicios han convergido entre Latinoamérica y la OCDE, los impuestos a las ganancias personales han permanecido separados4. La “inercia” de los impuestos a las ganancias personales es aún más llamativa si consideramos períodos anteriores: la parte de los impuestos a las ganancias personales en el ingreso total por impuestos o PBI ha cambiado muy poco durante los últimos treinta años en los países en desarrollo en general (Bird y Zolt, 2005).
Revista 78, Español, Art III, Figura2
Múltiples hipótesis se han propuesto con respecto a por qué estas tendencias políticas han persistido a pesar de los cambios sustanciales en el régimen político de la región. Estas explicaciones están basadas en un entendimiento según el cual los supuestos implícitos detrás de modelos más estilizados que vinculan desigualdad, democracia y redistribución no se sostienen necesariamente en la realidad.5 Una de estas explicaciones yace en el hecho que la regla de elección en los modelos de votante medio es siempre simple mayoría, tratando de este modo a la “democracia” como una institución política homogénea. Sin embargo, los regímenes democráticos vienen en distintas formas, con diferentes instituciones y arreglos constitucionales, lo cual garantiza una mirada más detallada a las características específicas que determinan la transformación de preferencias en decisiones políticas. En realidad, ciertos detalles de las instituciones políticas pueden incluso predisponer la representación política contra los intereses de una mayoría.
Este artículo ilustra un ejemplo en donde los detalles de las instituciones políticas importan en cuanto a los resultados económicos. En particular, mostramos cómo la mala distribución legislativa, denotando una discrepancia entre la parte de bancas legislativas y la parte de población sostenida por distritos electorales, sirve como herramienta para que las elites preserven sus intereses económicos en una democracia introduciendo un sesgo en la representación política. Dado que los distritos sobre-representados tienden a estar dominados por partidos alineados con la elite, por lo menos en Latinoamérica (Bruhn, Gallego y Onoratto, 2010), sostenemos que estos grupos están en condiciones de bloquear los intentos por introducir impuestos progresivos en la arena legislativa y salvaguardar, de este modo, sus intereses económicos.6 En consecuencia, esperamos que la mala distribución legislativa afecte negativamente la parte de los impuestos a las ganancias personales en el PBI. Por lo tanto, este artículo muestra cómo la mala distribución legislativa permite a las elites ricas tener una influencia desproporcionada sobre la política democrática en relación con sus números.
Si el grado de mala distribución fuera una variable completamente exógena, mientras que podría brindar una explicación adicional para la composición de los ingresos del gobierno, podría no ayudar a adelantar explicaciones alternativas para la sorprendente falta de relación positiva entre una mayor desigualdad y el impuesto a las ganancias personales. Sin embargo, las instituciones políticas –como por ejemplo la mala distribución legislativa–, son endógenas a las condiciones de fondo vigentes en el momento de la convención constitucional, o durante las transiciones a la democracia. Como tal, este artículo no sólo evalúa las consecuencias económicas de la mala distribución, sino que también ofrece un fundamento de economía política para su emergencia, que brinda una explicación adicional para la sorprendente relación entre la desigualdad y los niveles de redistribución fiscal. Asimismo, el documento también especifica un canal adicional detrás de la relación entre las elites, el poder político y los resultados económicos (Acemoglu y Robinson, 2006 y 2008).
En muchas oportunidades, en la Latinoamérica del siglo veinte, los líderes políticos han emprendido reformas institucionales para incrementar la mala distribución por razones políticas estratégicas (Snyder y Samuels, 2004). Los grupos que tienen poder político en un punto en el tiempo tienen fuertes incentivos para manipular las instituciones políticas a fin de proteger sus intereses económicos en el futuro. Los incentivos para la manipulación son más fuertes, sostenemos, cuanto más alto sea el nivel de heterogeneidad o polarización de preferencia, es decir, cuanto más grande sea la brecha entre las políticas ideales de los distintos grupos. Una importante fuente de heterogeneidad es el nivel de desigualdad de activos e ingresos en la sociedad.7
Si bien hemos motivado este artículo a partir de la sorprendente evidencia que proviene de Latinoamérica, la regularidad empírica entre la mala distribución y los impuestos a las ganancias personales parece cruzar más allá de sus fronteras. Según lo presentado en la Figura 3, la relación entre la mayor mala distribución y los impuestos a las ganancias personales más bajos parece sostenerse a través de las regiones.
Revista 78, Español, Art III, Figura 3
En consecuencia, basado en un panel de conjunto de datos de más de 50 países (incluyendo 17 en Latinoamérica) entre 1990 y 2007, este artículo presenta tres hallazgos principales, uno respecto a los orígenes y el resto respecto a las consecuencias de la mala distribución. Primero, mostramos que las disparidades económicas son un impulsor significativo del sesgo de representación política: los niveles de mala distribución legislativa son significativamente más altos en los países caracterizados por distribuciones más desiguales de la riqueza y el ingreso. En segundo término, suministramos evidencia empírica que muestra que la mala distribución legislativa tiende a estar acompañada de niveles relativamente bajos de impuestos a las ganancias personales en el PBI. Por último, mostramos cómo la mala distribución legislativa condiciona la relación positiva entre el desarrollo económico y la confianza fiscal en los impuestos a las ganancias: cuanto mayor nivel de mala distribución, más débil será el efecto de los cambios en el ingreso per cápita sobre los impuestos a las ganancias personales. En total, nuestros hallazgos señalan la relevancia de las elecciones institucionales para explicar por qué los impuestos a las ganancias permanecen bajos en muchos países en desarrollo, a pesar de períodos de tasas de gran crecimiento y cambios en los regímenes políticos (por ejemplo, democratización).
Nuestro artículo está relacionado con varias corrientes de investigación reciente en economía política. Al explorar los determinantes económicos de la mala distribución legislativa, nuestro artículo contribuye a la literatura emergente sobre la elección endógena de los rasgos constitucionales (Aghion, Alesina y Trebbi, 2004; Trebbi, Aghion y Alesina, 2008; Ticchi y Vindigni, 2003). En segundo término, contribuimos al estudio de las consecuencias económicas de las instituciones democráticas. El trabajo previo sobre el tema se ha concentrado en gran medida en los rasgos constitucionales “macro”, como por ejemplo las diferencias entre dictadura y democracia (Perotti, 1996; Boix, 2001; Mulligan, Gil y Sala-i-Martin, 2004), o variaciones dentro del campo democrático, como por ejemplo diferencias básicas entre formas de gobierno (Persson, Roland y Tabellini, 2000) y normas electorales (Lizzeri y Persico, 2001; Milesi-Ferretti, Perotti y Rostagno, 2002).8 Extendemos esta línea de investigación explorando las consecuencias de las instituciones de nivel “micro”, como por ejemplo la mala distribución legislativa, sobre la estructura de impuestos. En tercer término, nos apoyamos en recientes trabajos específicos sobre los efectos de la mala distribución en Latinoamérica. Bruhn, Gallego y Onoratto (2010) proporcionan evidencia empírica en cuanto a que es más probable que las áreas sobre-representadas voten por partidos alineados con la elite. Nos basamos en este artículo para presentar la mala distribución legislativa como un dispositivo institucional que predispone el proceso político a favor de algunos actores políticos a expensas de otros. En cuarto lugar, proporciona un canal institucional específico para explicar en qué forma la desigualdad afecta los impuestos en los países en desarrollo, basándonos en trabajos previos que han tratado de explicar las diferencias a lo largo de América (por ejemplo, Sokoloff y Zolt, 2006). Por último, nuestro artículo habla de una agenda de investigación relativamente reciente sobre los determinantes de la economía política de la capacidad fiscal (Besley y Persson, 2009 y 2011; Cárdenas, 2010; Cárdenas y Tuzemen, 2010). En esta línea de investigación teórica y empírica, la desigualdad del ingreso juega un papel importante en el desarrollo de la capacidad fiscal, entendida como la capacidad del Estado para extraer ingresos por impuestos del público en general, y de amplias bases impositivas, como por ejemplo ingreso y consumo en particular (Besley y Persson, 2011, página 6). De acuerdo con estas cuentas, la desigualdad del ingreso emerge como un determinante clave de las sub-inversiones en el papel extractivo del Estado: si puede haber uno de dos grupos en el poder, una distribución del ingreso más desigual corta las inversiones en la capacidad fiscal sólo cuando la “elite” tiene un dominio sobre el poder político.9 Si bien Besley y Persson, como así también extensiones de este trabajo –por ejemplo, Cárdenas–, asumen implícitamente que el poder económico y político van de la mano, los mecanismos específicos a través de los cuales la distribución del poder económico (desigualdad) se traduce en poder político siguen sin ser explorados. De este modo contribuimos a este campo emergente especificando un canal institucional (por ejemplo, mala distribución legislativa) que vincula la (alta) desigualdad con las (bajas) inversiones de capacidad fiscal a través de los regímenes democráticos.
El documento está organizado del siguiente modo: la Sección 2 revisa la literatura anterior sobre mala distribución, pone de relieve una de sus principales limitaciones y propone una perspectiva renovadora sobre el tema basado en recientes trabajos. La Sección 3 presenta el argumento y las hipótesis comprobables que derivan del mismo. La Sección 4 presenta el análisis empírico, dividido en dos partes: un estudio trasnacional de los determinantes económicos de la mala distribución legislativa, y un análisis por parte de un panel de los correlatos de impuestos de representación política sesgada. La Sección 5 configura la conclusión. En apoyo de nuestro argumento presentamos datos históricos de Argentina y Chile que muestran que las elites han sido favorecidas por la elección de normas electorales durante las transiciones democráticas.
2. Literatura relacionada con los orígenes y efectos de la mala distribución legislativa
Gran parte del trabajo teórico y empírico de la mala distribución legislativa se origina en estudios que se concentran en los trabajos realizados por los sistemas federales. Estos estudios comparten una pregunta común: ¿de qué modo la organización de la representación política condiciona los resultados económicos de las federaciones?10 Aquellos que se concentran en la mala distribución legislativa sostienen que este rasgo del sistema electoral es clave para comprender la estructura de la representación política, y, por lo tanto, la lógica del proceso de formulación de políticas, la distribución del poder de negociación entre provincias o Estados dentro de un sistema federal y, a su vez, los resultados políticos (Beramendi y Díaz Cayeros, 2006).
Una cámara mal distribuida se caracteriza por la discrepancia entre las proporciones de bancas legislativas y las proporciones de población en poder de unidades geográficas (Samuels y Snyder, 2001). La introducción de mala distribución incrementa el peso de algunos distritos, lo que le da apalancamiento adicional en el proceso de formulación de políticas. Como tal, están en mejores condiciones para proteger sus intereses específicos, y también para distorsionar la política pública en su favor (Dragu y Rodden, 2009). Por ejemplo, existe una amplia evidencia empírica que muestra cómo la mala distribución produce una parcialidad en la asignación del gasto público en beneficio de territorios sobre-representados, en una amplia gama de contextos regionales: los Estados Unidos (Lee, 2000; Ansolabehere, Gerber y Snyder, 2002), Latinoamérica (Gibson, Calvo y Falleti, 2004), Japón (Horiuchi y Saito, 2003; Hirano, 2006) y la Unión Europea (Rodden, 2002), para citar unos pocos ejemplos.11
La sobre-representación legislativa ha sido justificada generalmente en las cámaras altas de la política federal que representan unidades territoriales sobre una base igualitaria, independientemente de la población. Después de todo, muchos sistemas federales se han caracterizado por grandes asimetrías regionales entre unidades subnacionales y dispositivos institucionales, como, por ejemplo, un fuerte bicameralismo, un sistema de transferencias intergubernamentales y una mala distribución substancial podrían en principio funcionar como mecanismos compensatorios entre unidades por otra parte desiguales, dando apalancamiento político extra a Estados pequeños o pobres en el proceso de formulación de políticas. Sin embargo, la mala distribución de la cámara alta puede ser normativamente justificable y razonable en términos históricos, dado que en algunos casos los Estados fueron las unidades políticas relevantes antes de la unificación, y no una razón previa para ponderar los votos de los ciudadanos en forma desigual en la “cámara del pueblo”. Sin embargo, en una muestra de 78 democracias, Samuels y Snyder (2001) observan considerable variación en el nivel de mala distribución en las cámaras bajas, independientemente de si los países tienen constituciones unitarias o federales. Además, si bien existe un consenso en la literatura respecto de la relación positiva entre sobre-representación y parcialidad del gasto público, tales distorsiones de la asignación no siempre corrigen las asimetrías regionales reduciendo las desigualdades interregionales, y tampoco las transferencias fiscales logran en realidad una redistribución del ingreso interpersonal. Sin duda, la evidencia empírica disponible muestra mucha variación en este sentido: mientras que algunas federaciones gozan de esquemas de redistribución interregional altamente progresivos, en otras los subsidios intergubernamentales logran poca redistribución (Rodden, 2008). De este modo, en la medida en que el nivel de mala distribución no esté perfectamente correlacionado con la desigualdad, o algún otro indicador objetivo de relativa necesidad en el nivel del distrito, entonces la parcialidad en el gasto público generado por la sobre-representación podría en realidad ser regresiva y exacerbar las disparidades regionales o interpersonales existentes.12 En realidad, es importante señalar que sólo una minoría de países federales son distritos relativamente pobres sobre-representados: algunos incluso sobre-representan a los ricos, y otros simplemente no exhiben ningún patrón (Dragu y Rodden, 2009).13 Por lo tanto, la perspectiva tradicional en la literatura del federalismo de concentrarse exclusivamente en las características socio-económicas de los distritos electorales como justificación de la parcialidad en la representación política encuentra dificultades cuando se enfrenta con los resultados políticos concretos de la mala distribución legislativa.
Sin embargo, algunos de estos resultados podrían ser racionalizados incorporando en el análisis una dimensión a menudo descuidada: las características políticas de los distritos electorales sobre-representados, es decir, las partes o grupos que dominan en tales escenarios electorales. Este es el enfoque tomado por Bruhn, Gallego y Onoratto (2010) en su análisis de las consecuencias institucionales y políticas de la mala distribución legislativa en Latinoamérica, y la que seguimos para construir nuestro propio argumento en la próxima sección. Los autores muestran que es más probable que los ciudadanos en distritos sobre-representados voten por partidos cercanos a los grupos que gobernaban antes de la democracia (por ejemplo, la elite) y tienen sistemáticamente niveles más bajos de competencia política. Basados en este hecho, usan datos de panel para 11 países latinoamericanos para mostrar que niveles más altos de mala distribución hacen que sea más probable que la consolidación democrática se produzca en el nivel nacional, y sostienen que esto es así porque la parcialidad en la representación política creada por la mala distribución ayuda a salvaguardar los intereses de los grupos que ostentaban el poder antes de la transición (que, a su vez, reduce los incentivos para bloquear la transición en primer lugar).
Para construir nuestro argumento (próxima sección), nos basamos en el enfoque de Bruhn, Gallego y Onoratto (2010) y nos concentramos en los rasgos políticos de los distritos electorales (por ejemplo, qué partidos o grupos dominan en áreas sobre-representadas y sub-representadas), más que en sus características socioeconómicas, que son puestas a menudo de relieve por la perspectiva del federalismo. Sin embargo, nos apartamos de Bruhn y otros en tres aspectos principales. Primero, exploramos ciertas condiciones de antecedentes económicos que hacen que sea más probable que se produzca la mala distribución. Segundo, vamos más allá de Latinoamérica y nos concentramos en una muestra más amplia de casos. Por último, consideramos las consecuencias de la mala distribución en un área política diferente: impuestos a las ganancias personales.14
3. Desigualdad, representación política tendenciosa, e impuestos
Supongamos una sociedad en donde los activos y el ingreso están distribuidos de modo muy desigual y que está políticamente organizada a través de un régimen no-democrático. Existen dos grupos en esta sociedad: la elite, y las masas, y quienquiera esté en el poder decide la economía política (por ejemplo, los impuestos). Por ejemplo, bajo dictadura, una elite (la minoría) tiene poder político e impone sus políticas económicas preferidas: bajos impuestos a los ricos. Si bien las razones ideológicas podrían jugar un papel, la razón por la cual estos dos grupos no están de acuerdo acerca del régimen político es básicamente material: cada constitución tiene consecuencias redistributivas diferentes (Acemoglu y Robinson, 2006; Boix 2003).
Ahora supongamos que por alguna razón exógena (por ejemplo, guerra, shock económico) el régimen tiene que democratizarse: la elite llama a elecciones para permitir que los ciudadanos implementen sus políticas óptimas (por ejemplo, impuestos a los ricos). Si bien en el marco clásico del votante medio esta situación es una en donde los pobres poseen todo el poder político y fijan su tasa de impuestos preferida, es también posible pensar en otros escenarios. Siguiendo a Acemoglu y Robinson (2008), la elite puede construir una democracia con representación política tendenciosa, en donde este grupo posee proporcionalmente más poder político que su parte de la población. Es más posible que una transición a una democracia de esta clase se produzca cuando la elite tiene intereses económicos creados que se ven potencialmente amenazados por las políticas preferidas por las masas en el nuevo régimen democrático, es decir, en un contexto de polarización de preferencias, que significa una brecha más grande entre los puntos óptimos de la política (impuestos) del votante medio y la elite.
¿Bajo qué condiciones es más probable que emerja la heterogeneidad de preferencia? El nivel de desigualdad de activos o ingresos en la sociedad es un vaticinador importante de cuán polarizada será esta sociedad: dado que el ingreso medio y promedio difieren, cuanto más altos sean los incentivos para que las masas voten impuestos que apunten a la elite (por ejemplo, impuestos a las ganancias personales) más probable será, por ello, el temor de la elite de que los pobres “empapen” su riqueza en democracia. Por el contrario, cuanto mayor sea el nivel de desigualdad, más probable será la preferencia de los ciudadanos y de la elite por converger en tasas impositivas menos confiscatorias.
En suma, para una elite interesada en proteger sus intereses económicos bajo democracia, un contexto de gran desigualdad brinda el motivo para la representación política parcial durante la transición. Si bien la mala distribución podría surgir naturalmente de los shocks demográficos (por ejemplo, migración o cambios en el tamaño de la población total) a lo largo del tiempo, las elites egoístas pueden manipular también la distribución legislativa en su favor.15 Al sobre-representar distritos en donde la elite es dominante, y mecánicamente sub-representar distritos en donde las masas son mayoría, la mala distribución legislativa (a veces incluso consagradas en la constitución) sirve a este propósito. De este modo, las reformas para aumentar la mala distribución pueden surgir por razones políticamente estratégicas: grupos que poseen poder político en un punto en el tiempo tienen fuertes incentivos para manipular las instituciones políticas a fin de proteger sus intereses económicos en el futuro. Dado lo antedicho, parece, por lo tanto, poco probable que la mala distribución sea exclusivamente el resultado de fenómenos “naturales” tales como la migración interna. Nuestra primera hipótesis, sobre los orígenes estratégicos de la mala distribución es, por lo tanto:
H1. Los niveles más altos de desigualdad de activos e ingresos deberían estar asociados con niveles más altos de mala distribución legislativa.
De este modo, podemos ver la mala distribución como un dispositivo que la elite puede emplear para ejercer parcialidad sobre la representación política después de una transición a la democracia. Muchas constituciones establecen explícitamente que los distritos electorales deben tener la misma proporción de representantes de la cámara baja que su respectiva proporción de la población nacional con el objeto de garantizar la igualdad legal del voto de cada ciudadano. Sin embargo, este principio no siempre se mantiene en la práctica, y en consecuencia las cámaras bajas en muchos países están mal distribuidas (Samuels y Snyder, 2001). Esto es particularmente cierto para Latinoamérica, una región que en promedio posee el nivel más alto de mala distribución legislativa en una muestra de 78 regímenes democráticos. Según lo documentado en varios estudios de caso, y como ampliamos más adelante, las dictaduras militares en Argentina y Brasil redistribuyeron bancas en la cámara baja justo antes de la transición a la democracia (1983 en Argentina, 1982 en Brasil) para sobre-representar áreas conservadoras (Snyder y Samuels, 2004). Una historia similar se puede contar en Chile durante el régimen de Pinochet (1972-1990) y la concepción de la constitución de 1980. Antes de que Chile hiciera su transición a la democracia, el sistema electoral (junto con otras instituciones políticas clave) fue rediseñado para garantizar la sobre-representación de áreas en donde los partidos conservadores dominaban (Londregan, 2000; Bruhn, Gallego y Onoratto, 2010). Por lo tanto, incluso después de que un país hace formalmente su transición a la democracia, las políticas económicas todavía pueden ser determinadas por las preferencias de la elite dado que la mala distribución aumenta el número de bancas para las partes alineadas con la elite (Bruhn, Gallego y Onoratto, 2010), y por lo tanto ofrece un punto de veto o apalancamiento institucional para proteger sus intereses específicos en el proceso de formulación de políticas.
Un área política altamente saliente en donde los intereses materiales de todos los actores se confrontan es acerca del diseño de los sistemas impositivos, que tienen importantes consecuencias redistributivas. Al sobre-representar distritos en los que las elites son dominantes, sostenemos que el escenario legislativo es el espacio en donde las elites pueden bloquear los intentos redistributivos de la mayoría para aumentar los impuestos a las ganancias personales. Gracias a la sobre-representación, las elites pueden ejercer su poder de veto y mantener los impuestos a las ganancias personales en niveles más bajos. De este modo, nuestra segunda hipótesis, sobre las consecuencias políticas de la mala distribución se puede resumir del siguiente modo:
H2. Los altos niveles de mala distribución legislativa deberían estar asociados con las proporciones más bajas de impuestos a las ganancias personales en el PBI.
Por último, es importante explorar cómo interactúa la mala distribución legislativa con otros parámetros básicos de la economía que afectan la evolución de las estructuras impositivas. Un candidato natural para considerar es el papel del ingreso. A menudo se supone que a medida que los países se desarrollan, los gobiernos pueden diversificar y expandir sus bases impositivas y también incrementar su capacidad administrativa para recaudar impuestos, llevando a proporciones más altas de gravámenes a las ganancias en la combinación total de impuestos. De este modo, quedando todo lo demás igual, a menudo se da por sentado que los países más ricos elegirán tener mayor capacidad fiscal (Besley y Persson, 2011, página 59).
Sin embargo, no hay nada inevitable acerca de esta propuesta, dado que depende del valor de otros parámetros (especialmente políticos) que afectan las decisiones impositivas. De este modo, este punto de vista simplista descuida el papel de las instituciones políticas en determinar o condicionar los efectos del ciclo de desarrollo sobre la estructura impositiva. En particular, sostenemos que mientras el desarrollo económico puede brindar a los países la capacidad para recaudar impuestos de los ricos, esto no significa que los países usarán esta capacidad en el alcance más amplio. Bajo ciertas condiciones, los incentivos para invertir en recaudar renta de grupos de ingresos particulares pueden disminuir. Exploramos cómo la estructura de la representación política afecta estas decisiones de inversión. Si la sobre-representación permite que ciertos grupos impongan sus preferencias políticas (por ejemplo, que las elites bloqueen reformas para aumentar los impuestos a las ganancias personales) las instituciones políticas pueden entonces impedir que tenga lugar la evolución “normal” de los sistemas impositivos, a medida que los países hacen su transición de una etapa de desarrollo a otra. Es por ello que, para dar cuenta de la condicionalidad del contexto en el análisis empírico, introducimos una tercera hipótesis final:
H3. La relación entre desarrollo económico e impuestos a las ganancias personales está condicionada a la estructura de representación política, medida por niveles de mala distribución legislativa.
4. Evidencia
Esta sección presenta los ensayos empíricos de las tres hipótesis presentadas en la Sección 3. Primero exploramos a nivel transnacional la relación entre la distribución de la riqueza y el ingreso y el grado de parcialidad de representación política en las democracias. Luego usamos un análisis transversal de series cronológicas para explorar las consecuencias económicas de la mala distribución legislativa considerando los determinantes políticos de los impuestos a las ganancias personales.
4.1 De desigualdad a mala distribución
Esta sub-sección presenta evidencia empírica usando: i) una simple especificación OLS vinculando el nivel corriente de mala distribución legislativa a desigualdad de activos e ingresos en períodos anteriores, y ii) un acercamiento de instrumental variable (IV) para abordar potenciales problemas de endogeneidad.
4.1.1 Mala distribución legislativa
El nivel total de mala distribución en la cámara baja j de un país es calculado como:
de modo tal que si denota la proporción de bancas del distrito i y vi, la proporción de población del distrito i. Un puntaje de x% en el índice MAL (mala distribución) significa que x% de bancas fueron asignadas a distritos que no recibirían tales bancas en caso de una perfecta distribución. Esta medida suministra un índice de MAL a nivel del país y está disponible para 78 países durante un punto en el tiempo en la década del noventa (Samuels y Snyder, 2001). Dado que la distribución de esta variable está muy inclinada hacia la derecha, MAL ingresa valores registrados en las regresiones de más adelante. Si bien en la actualidad carecemos de datos de panel sobre niveles de mala distribución para una gran muestra de países, es importante señalar que esta institución ofrece un alto grado de persistencia o estabilidad, especialmente en los países en desarrollo y en democracias recientes, como por ejemplo las de Latinoamérica (Snyder y Samuels, 2004; Bruhn y otros, 2010).
4.1.2 Desigualdad de activos e ingresos
Para medir la desigualdad de activos nos basamos en un indicador que mide la distribución de la propiedad agrícola, que es calculada a través del área de “granjas familiares” como porcentaje del área total de propiedades (Granjas familiares). Según Vanhannen (1997), las granjas familiares son definidas como aquellas que dan trabajo a no más de cuatro personas, incluyendo miembros de la familia. Este criterio no depende del tamaño de las granjas. Se trata de propiedades que son cultivadas principalmente por la familia titular misma. Por lo tanto, un número más alto de este índice indica menos desigualdad de tierras. La proporción de “granjas familiares” en el área total de propiedad de tierras, que es una cifra disponible para muchos países a partir de 1858, ha sido el indicador preferido de la desigualdad de tierras en gran parte de la investigación transnacional existente (Vanhannen, 1997; Boix, 2003; Ansell y Samuels, 2010).
Para medir la desigualdad del ingreso en un período más contemporáneo, se usa un índice Gini, calculado como el promedio de dos puntos de datos: la observación más cercana a 1980 y la observación más cercana a 1990 (Desigualdad del ingreso). Cuando sólo uno de los años está disponible, sólo se incluye ese año.16
4.1.3 Controles
Para controlar el efecto de otras variables incluimos las dos variables independientes que Samuels y Snyder (2001) mostraron tenían un efecto significativo en el grado de MAL legislativo en su estudio. Incluyen una variable simulada para sistemas de distrito de único miembro (SMD), y una variable simulada para países latinoamericanos (LATAM). Por último, también controlamos para tener una organización federal del sistema político (FED), dado que es más probable que estos países muestren niveles más altos de MAL tanto en la cámara baja como en la cámara alta.17
Revista 78, Españil, Art III Cuadro1
4.1.4 Resultados
El Cuadro 1 presenta los resultados de hacer regresar el nivel de mala distribución legislativa en la cámara baja (en logaritmos) en nuestras medidas de desigualdad de activos e ingresos (en logaritmos) y controles.18 Antes de comentar los principales hallazgos, es importante señalar desde el principio que usamos medidas de variables de desigualdad de activos e ingresos antes de la década de los noventa, de modo que se pueden ver como predeterminados en el punto en el cual medimos la mala distribución legislativa (mediados de los noventa). Si bien esto no garantiza que las variables independientes no estén correlacionadas con el término de error hace, por cierto, que este problema sea menos probable.
En línea con nuestras expectativas teóricas, en los países con niveles más bajos de desigualdad de activos (o proporciones más grandes de granjas familiares en el total de propiedades agrícolas), las discrepancias entre bancas y poblaciones no son substanciales. Por otra parte, en la última columna (7), introducimos una medida de desigualdad de ingresos y encontramos que los niveles de MAL legislativa son significativamente más altos en países con más distribuciones de ingresos desiguales. Este último resultado es compatible con Horiuchi (2004), que se concentra en una muestra de países más grande, y Ticchi y Vindigni (2003), que muestran cómo la desigualdad del ingreso se correlaciona con otros tipos de normas electorales que, junto con la mala distribución legislativa, tiende a parcializar la representación política (por ejemplo, sistemas mayoritarios). Por último, también es compatible con recientes hallazgos en Rossi (2011), que muestran en qué medida la distribución original de tierras afecta al poder político con posterioridad.
Sin embargo, uno se pregunta si los resultados presentados hasta el momento están sujetos a un problema de causalidad reversa: que la desigualdad del ingreso es una variable endógena en general, y al nivel de mala distribución en particular. Para abordar este tema, seguimos a Easterly (2007) y usamos su medida de dotación de factores como instrumento para la desigualdad del ingreso: la conveniencia exógena de la tierra para distintos tipos de cosechas (trigo versus caña de azúcar). La “relación trigo-azúcar”, definida como LTRIGOAZÚCAR=log [(1+proporción de tierra arable apropiada para trigo)/(1+proporción de tierra arable apropiada para caña de azúcar)], capta la idea de que algunas dotaciones de tierras se prestaron a actividades económicas que presentaban economías de escala en el uso de mano de obra esclava (por ejemplo, caña de azúcar) y por lo tanto estuvieron asociadas históricamente con una alta desigualdad, mientras otras se prestaban a productos básicos cultivados en granjas familiares (por ejemplo, trigo), que promovió el crecimiento de una gran clase media y, por lo tanto, baja desigualdad estructural (Engerman y Sokoloff, 1997).
Con estos preliminares, el siguiente paso es evaluar el efecto de la desigualdad del ingreso sobre la mala distribución usando la relación trigo-azúcar como instrumento. Según lo muestra el Cuadro A.1 del Apéndice, la regresión de la primera etapa tiene poder explicativo razonable (R2 = 0.37) y presenta una relación altamente significativa entre la relación de dotación trigo-azúcar y nuestra medida de desigualdad del ingreso. Asimismo, el coeficiente IV estimado indica que un aumento de desvío estándar en la medida de desigualdad del ingreso está asociado con más de dos tercios de un cambio de desvío estándar en el nivel de mala distribución legislativa, un impacto económico que es dos veces tan grande como la estimación OLS informada en el Cuadro 1.
Los datos provenientes del estudio de caso de Latinoamérica ayudan a colocar las regresiones a través del país en un contexto histórico. Según lo documentado en Snyder y Samuels (2004), el período justo antes de la transición democrática era un momento institucional clave en el cual las elites salientes intentaban manipular las instituciones políticas y parcializar la representación política en su favor a través de un número de países.19 El ejemplo más saliente es quizás el de Chile, con el legado de la constitución de 1980 efectuado por Pinochet y el establecimiento de “enclaves no-democráticos” que redujeron el espacio de la cuestión para ciertas áreas de la formulación de políticas durante la década del noventa (Stavelis, 2000).20 Quizás sea menos conocida la historia detrás del diseño del mapa electoral durante fines de la década del ochenta del que hablaremos ahora.
En octubre de 1988 se llevó a cabo un plebiscito para determinar si Pinochet podría continuar o no en el poder. Aún cuando Pinochet perdió el referéndum, era mucho más probable que las áreas menos pobladas respaldaran el status quo que las regiones metropolitanas incluyendo Santiago (Figura A-3 en el Apéndice). De hecho, en los ocho distritos más densamente poblados pertenecientes a la región metropolitana, el porcentaje de votos por el “Sí” fue de sólo el 36%, muy por debajo del nivel nacional para respaldar al régimen militar (44%). Si bien los resultados del plebiscito forzaron a Pinochet a abandonar el cargo, la correlación positiva entre tamaño del distrito y oposición al régimen fue tomada en cuenta por las elites salientes al diseñar el mapa electoral para el próximo sistema democrático (Siavelis, 2000; Rojas y Navia, 2005). Al contar con información sobre las fortalezas electorales y fuentes de débil respaldo provenientes del referéndum, la junta militar volvió a dibujar los distritos después del plebiscito y se contentó con un sistema electoral que incluía 60 distritos para las elecciones de la Cámara Baja con una magnitud de distrito uniforme (M=2) en la ley de 1989. En consecuencia, resultó ser que la proporción de votos a favor de Pinochet durante 1988 es un vaticinador bastante bueno del nivel de mala distribución al nivel del distrito después de la transición a la democracia, cuando se mide en dos períodos de tiempo diferentes que corresponden a la oportunidad del último par de censos nacionales (Figura A.4 en el Apéndice).21 Lejos de ser involuntario, el diseño del mapa electoral reflejó una estrategia seguida por la elite militar para asegurar la representación de los herederos políticos del régimen autoritario (por ejemplo, los partidos de derecha tales como la Unión Demócrata Independiente y la Renovación Nacional) en el recientemente democratizado sistema (Navia, 2003).22
Similares preocupaciones estratégicas permearon la manipulación de las reglas electorales en Argentina, una democracia federal en donde los distritos electorales se ajustaron a límites provinciales durante el siglo XX. Comenzando a partir de niveles moderados de mala distribución, el Congreso de Argentina se ha convertido en una de las legislaturas más mal distribuidas.23 A partir de la creación de ocho provincias adicionales de territorios que antes eran nacionales durante la presidencia de Juan Domingo Perón (desde 1951 hasta 1955), los gobernantes democráticos pero en su mayoría autoritarios han manipulado la mala distribución en la cámara baja con fines políticos. Por ejemplo, las juntas militares de 1966-1973, y de 1976-1983, elevaron el número mínimo de diputados por provincia de 2 a 3,
Revista 78, Español, Art III, Figura 4
y de 3 a 5, respectivamente, independientemente del tamaño de la población. En una lógica similar a la de Chile, el objetivo de la junta era usar la mala distribución para sobre-representar a las tendencias conservadoras (característica de las subpobladas tierras interiores dominadas por caudillos regionales) a costa del núcleo urbano del país. Como tales, dieron representación adicional a nivel nacional a aquellas provincias que estaban manejadas por una fuerte elite provincial conservadora (y no democrática), que generó una fuerte correlación negativa entre la mala distribución y el grado de democracia en las provincias de hoy en día (Figura 4).24 Nuevamente, observamos un patrón en el cual los gobernantes militares salientes incrementaron la mala distribución justo antes del retorno de la democracia para promover sus objetivos políticos (Figura A.5 del Apéndice).
En suma, la evidencia que se desprende del estudio de casos de una región relativamente desigual –como por ejemplo Latinoamérica– nos muestra en qué forma las elites pre-democráticas han manipulado las instituciones políticas en general, y la mala distribución legislativa en particular, con la esperanza de tener la oportunidad de vetar reformas (o por lo menos tener una fuerte voz en las negociaciones) en la arena legislativa que podría afectar adversamente sus intereses económicos después de la transición a la democracia. Habiendo demostrado que el ideal normativo de “una persona-un voto” es más violado en general en países con disparidades más grandes de activos e ingresos, la siguiente sección comenta las implicancias económicas de la mala distribución legislativa a través de la lente de los impuestos a las ganancias personales.
4.2 De la mala distribución a los impuestos a las ganancias personales
Esta sub-sección usa datos impositivos provenientes de panel (1990-2007) para explorar las consecuencias de política económica de la mala distribución legislativa.
4.2.1 Variables dependientes
Basados en datos del BID, la OCDE, el BAsD y Keen y Mansour (2009), usamos la renta del gobierno central por impuestos personales a las ganancias (PYT ó IGP), como porcentaje del PBI, para captar la capacidad de los gobiernos para extraer renta de los grupos sociales ricos. El panel cubre el período entre 1990 y 2007.
4.2.2 Controles
Basado en análisis previos del tamaño y la composición de la renta del gobierno, las especificaciones básicas incluyen los siguientes controles (ver Apéndice para un resumen de las fuentes de datos):25
• PBI per cápita, en el logaritmo (INGRESO). Bajos niveles de desarrollo tienden a ser una de las restricciones clave para recaudar impuestos a las ganancias personales, que es un impuesto que requiere tecnologías de auto-presentación y ejecución. El ingreso per cápita indica la disponibilidad de recursos a gravar, como así también la existencia de capacidades administrativas para recaudar impuestos: a niveles más altos de ingreso per cápita, las economías tienden a ser más monetizadas y menos informales, haciendo más fácil para el gobierno recaudar impuestos a las ganancias (Cheibub, 1998).
- Exportaciones de combustible como porcentaje de las exportaciones (Combustible). En presencia de exportaciones de combustible (por ejemplo, petróleo), los incentivos del gobierno para recaudar ganancias privadas de los ciudadanos se pueden reducir.
- Comercio (exportaciones e importaciones) como porcentaje del PBI (COMERCIO). Como un medio de la importancia relativa del comercio exterior, la proporción del PBI en las importaciones y exportaciones indica la presencia de un recurso impositivo que puede reducir los incentivos para recaudar otros tipos de impuestos.26
- Población 65+ (VEJEZ): Como impulsora del gasto del gobierno (jubilaciones), la composición demográfica puede afectar la capacidad del gobierno para gravar a sectores específicos de la población.
- Desigualdad de ingresos, medido en términos de coeficientes Gini construidos a partir de cifras de ingresos (pre-fisco) brutos (DESIGUALDAD). Como se comentó anteriormente, en el modelo clásico del votante medio la desigualdad introduce presión para incrementar la renta proveniente de los ingresos a las ganancias personales.
- Fraccionamiento etno-lingüístico (FEL). Como medida de polarización, incluimos un índice de fraccionamiento étnico que contiene información acerca de la identidad y tamaño de los grupos étnicos y mide la probabilidad de que dos personas elegidas al azar pertenezcan a diferentes grupos étnicos (Alesina y otros, 2003). De acuerdo con Besley y Persson (2011), la heterogeneidad étnica debería reducir los incentivos para invertir en capacidad fiscal.
- Renta total por impuestos del gobierno central, como porcentaje del PBI (IMPUESTO T.).
- Simulaciones regionales (cuando corresponde, en algunas especificaciones).
- Efectos fijos de país y tiempo (cuando corresponde, en algunas especificaciones).
4.2.3 Resultados
El cuadro 2 presenta resultados de referencia de dos procedimientos de estimación diferentes. Las columnas 1 y 3 presentan los resultados de usar solamente variación intermedia o transversal en los datos: una regresión OLS del valor medio de la variable dependiente de los valores medios de las variables independientes (estimador intermedio). Las columnas 2 y 4 presentan resultados de una regresión OLS que da cuenta de la compleja estructura de error en los datos: es decir, una estimación que incluye errores estándar corregidos por panel (EECP) que supone un proceso de error AR (1).27 Mientras que las columnas 1 y 2 cubren todo el período de la muestra (1990-2007), las columnas 3 y 4 restringen la muestra a la década del 90 solamente, período para el cual se crearon las cifras de MAL (mala distribución) legislativa.28
Revista 78, Español, Art III, Cuadro 2
Conforme lo esperado, el efecto del ingreso per cápita sobre la proporción de impuestos a las ganancias personales en el PBI es positivo y estadísticamente significativo. Dependiendo del modelo a mano, el tamaño del coeficiente implica que un desvío estándar en el ingreso per cápita real está asociado con un incremento de hasta 2,4 puntos porcentuales en la proporción de impuestos a las ganancias en el PBI. Sin embargo, cabe señalar que el nivel de mala distribución legislativa tira en dirección opuesta a la riqueza: un cambio de desvío estándar en el nivel de MAL (mala distribución) lleva a una reducción de alrededor de un punto porcentual del PBI en la proporción de impuestos a las ganancias. Dado que en Latinoamérica durante el período de la muestra la proporción media de los impuestos a las ganancias personales sobre el PBI es sólo del 1%, el tamaño de estos coeficientes no es despreciable. Este resultado es coherente con nuestra expectativa acerca de las consecuencias políticas de la mala distribución legislativa y confirma la Hipótesis # 2.
Dados los patrones anteriores, el Cuadro 3 presenta resultados de agregar un término de interacción entre el ingreso per cápita y el nivel de MAL tanto para la muestra completa (1 y 2) como para la muestra restringida (3 y 4) usando los mismos métodos de estimación que aparecen más arriba. La pregunta que queremos contestar aquí es si, además de amortiguar los niveles de impuestos personales, una gran mala distribución podría también afectar la tasa a la cual crecen los impuestos a las ganancias personales con el desarrollo económico. Por último, la columna 5 presenta resultados de usar solamente variación interna o temporal en los datos, es decir, una regresión que incluya efectos fijos del país, como así también efectos fijos del año para controlar el paso del tiempo y el impacto de variables de tendencia conjunta (como en el caso del ingreso per cápita, la proporción de ancianos, y la variable dependiente).29 En esta última especificación, restringimos el período de la muestra a la década de los noventa, período para el cual se crearon las cifras de mala distribución legislativa.
En todas las especificaciones, se introduce el término de interacción entre el nivel de MAL (en logaritmos) e ingreso per cápita para captar la noción de que el efecto del PBI sobre el gravamen está condicionado por factores político-institucionales. Varios hallazgos interesantes emergen de este cuadro. Primero, y en línea con la Hipótesis # 3, cabe señalar que el coeficiente sobre el término de interacción es negativo y estadísticamente significativo, sugiriendo que niveles más altos de MAL legislativa tienden a amortiguar el impacto positivo del ingreso per cápita sobre la capacidad fiscal.
Revista 78, Español, Art III, Cuadro 3
Usando el coeficiente del Modelo 2, la Figura 4 exhibe el efecto marginal del ingreso per cápita a través de la gama de valores de la MAL legislativa con intervalos de 95% de confianza alrededor de estos efectos estimados.
Revista 78, Español, Art III, Cuadro 4
Como antes, el impacto del PBI per cápita sobre los impuestos a las ganancias personales es siempre positivo. Sin embargo, como lo muestra la Figura 4, el efecto marginal del desarrollo económico sobre la proporción del impuesto a las ganancias en el PBI disminuye por cada incremento unitario en la MAL legislativa. Encontramos el resultado compatible con nuestra expectativa teórica según la cual, cuanto más alto sea el nivel de MAL, más probable será observar una tendencia hacia abajo del impuesto a las ganancias personales. En segundo término, es importante señalar que el intervalo de confianza del 95% se superpone a cero para altos valores de MAL, sugiriendo que dentro de la gama, el efecto marginal del INGRESO no puede ser distinguido de cero a nivel estadístico. Esto refuerza nuestro punto en cuanto a que las fuerzas mecánicas que empujan los impuestos a las ganancias hacia arriba (por ejemplo, desarrollo económico) pueden ser contrarrestadas a veces por factores institucionales que pueden tirar en la exacta dirección opuesta: MAL legislativa es un ejemplo de tal institución, dada su asociación con el poder político adicional en manos de las elites.
4.2.4 Chequeos de solidez
El Cuadro 4 presenta resultados de introducir (uno por vez) varios controles políticos adicionales que estudios previos han demostrado tener un impacto sobre el alcance de la redistribución: el nivel de participación electoral (PARTICIPACIÓN), el tipo de norma electora, con los sistemas de distrito de miembro único codificados como 1 (SMD), si el país tiene una forma presidencial de gobierno (PRES), si la constitución política es federal (FED), y por último, controlamos la calidad de la burocracia (BURQUAL) que representa a las instituciones administrativas necesarias para la implementación eficiente de un impuesto a las ganancias. Todas las especificaciones son modelos OLS con errores estándar corregidos por panel y un proceso de error AR(1) para dar cuenta de la correlación en serie.
Coherente con los hallazgos anteriores, la MAL (mala distribución) legislativa no sólo está asociada con menor proporción de impuestos a las ganancias personales en el PBI per se (Hipótesis #2), sino que también tiende a amortiguar en forma significativa el impacto positivo de la riqueza per cápita (Hipótesis #3).
5. Conclusión
Este artículo está motivado por el hecho de que los impuestos a las ganancias personales permanecen relativamente bajos en Latinoamérica a pesar de la transición a la democracia de las décadas del 80 y del 90 y el nivel de desarrollo económico de la región. Sostenemos que las características institucionales introducidas por políticos estratégicos en el momento de la transición pueden jugar un papel para explicar este hecho estilizado. La mala distribución legislativa introduce un sesgo en la representación política que proporciona mayor influencia política a ciertos grupos a costa de otros en el proceso de formulación de políticas. Dado que los distritos electorales sobre-representados tienden a estar alineados con partes que tienen tendencias conservadoras, la mala distribución sirve a los intereses económicos de los grupos de elite interesados en mantener sus aportes al fisco lo más bajo posibles en los regímenes democráticos. En línea con este argumento, nuestros resultados muestran, primero, que los altos niveles de mala distribución están asociados con proporciones más bajas de impuestos a las ganancias personales en una muestra de más de 50 países (incluyendo 17 en países latinoamericanos).
Pero lejos de ser el resultado exclusivo de fenómenos demográficos, como por ejemplo la migración, la mala distribución es el producto de cálculos estratégicos realizados por políticos y grupos de interés para salvaguardar sus intereses económicos. Nuestros resultados también muestran que estos cálculos surgen de condiciones económicas de fondo. En particular, encontramos que los países con más distribuciones desiguales de la riqueza y el ingreso tienden a presentar sistemáticamente niveles más altos de mala distribución legislativa.
Nuestros hallazgos son coherentes con los datos históricos a través de las Américas que vinculan la desigualdad, la representación política y los impuestos. Sokoloff y Zolt (2006) suministran datos históricos descriptivos sobre las diferencias en la evolución de las estructuras impositivas sub-nacionales y locales entre América del Norte y América Latina. Según los autores, estas diferencias se pueden atribuir a niveles iniciales de desigualdad económica a través de estas regiones. A lo largo del tiempo, estas condiciones económicas fueron convertidas en diferenciales de poder político que en Latinoamérica llevó a las elites a minimizar su carga impositiva relativa controlando el proceso legislativo y dando forma al diseño de las estructuras impositivas o simplemente incurriendo en una rampante y no chequeada evasión impositiva.
En una vena similar, Cárdenas (2010) sostiene que Latinoamérica está entrampada en un bajo equilibrio de capacidad fiscal como resultado de la alta concentración de poder económico y político en la región. La principal percepción es que cuando el grupo que toma la decisión de invertir en capacidad fiscal tiene mucho más poder político y de ingresos que el resto de la población, existen menos incentivos para realizar estas inversiones en primer lugar. Sin embargo, los mecanismos específicos a través de los cuales la desigualdad económica se traduce en diferenciales de poder político y reproduce una capacidad fiscal débil no están claros. En este artículo ponemos de relieve un canal institucional a través del cual la desigualdad del ingreso afecta en forma negativa la capacidad fiscal, sosteniendo que la mala distribución legislativa es uno (de los muchos) instrumentos que, al introducir un sesgo en la representación política y sopesar los intereses de algunos grupos en forma más que proporcional en el proceso político, puede llevar a resultados que no están necesariamente en línea con las preferencias de una mayoría de ciudadanos en regímenes democráticos. De este modo, considerando los rasgos específicos de las instituciones políticas democráticas, nos puede llevar un largo trecho explicar por qué algunos países tienen éxito en su búsqueda de un régimen impositivo progresivo mientras que en otros el alcance para las políticas redistributivas en mucho más limitado.
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Referencias
Acemoglu, D., y J. Robinson. 2006. Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
——. 2008. “Persistence of Power, Elite and Institutions.” American Economic Review 98(1): 267-293.
Aghion, P., A. Alesina. y F. Trebbi. 2004. “Endogenous Political Institutions.” Quarterly Journal of Economics 119(2): 565-611.
Alesina, A., y E. Gleaser. 2004. Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
Ansell, B., y D. Samuels. 2010. “Inequality and Democratization: A Contractarian Approach.” Comparative Political Studies 43(12): 1543-1574.
Ansolabehere, S., A. Gerber y J.M. Snyder. 2002. “Equal Votes, Equal Money: Court-Ordered Redistricting and Public Expenditures in the American States.” American Political Science Review 96(4): 767-777.
Ardanaz, M. 2009. “Preferences for Redistribution in the Land of Inequalities.” New York, Estados Unidos: Columbia University. Documento Mimeografiado.
Banerjee, A., y E. Duflo. 2011. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. New York, Estados Unidos: Public Affairs.
Bartels, L. 2008. Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age. Princeton, Estados Unidos: Princeton University Press.
Baunsgaard, T., y M. Keen. 2005. “Tax Revenue and (or?) Trade Liberalization.” Documento de trabajo del FMI 05/112. Washington, DC, Estados Unidos: Fondo Monetario Internacional.
Benabou, R. 2000. “Unequal Societies: Income Distribution and the Social Contract.” American Economic Review 90: 96-129.
Benabou, R., y E. A. Ok. 2001. “Social Mobility and the Demand for Redistribution: The Poum Hypothesis.” Quarterly Journal of Economics 116(2): 447-487.
Beramendi, P. 2007. “Federalism.” In: C. Boix and S. Stokes, editors. Oxford Handbook of Comparative Politics. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
Beramendi, P., y A. Díaz-Cayeros. 2006. “Distributive Tensions in Developing Federations.” Artículo presentado en la 102ª Reunión de la American Political Science Association, Filadelphia, Estados Unidos, Agosto 31.
Bértola, L. 2011. “Historical Roots of Divergence.” En: J.A. Ocampo and J. Ros, editors. The Oxford Handbook of Latin American Economics. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
Besley, T., y R. Burgess. 2002. “The Political Economy of Government Responsiveness: Theory and Evidence from India.” Quarterly Journal of Economics 117(4): 1415-1452.
Besley, T., y T. Persson. 2009. “The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Politics.” American Economic Review 99(4): 1218-44.
Besley, T., y T. Persson. 2011. Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters. Princeton, Estados Unidos: Princeton University Press.
Bird, R.M., y E.M. Zolt. 2005. “Redistribution via Taxation: The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries.” Documento 0508 del International Tax Program.Toronto, Canada: University of Toronto, International Tax Program, Institute for International Business, Joseph L. Rotman School of Management.
Boix, C. 2001. “Democracy, Development, and the Public Sector.” American Journal of Political Science 45(1): 1-17.
Boix, C. 2003. Democracy and Redistribution. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
Bruhn, M., F. Gallego y M. Onoratto. 2010. “Legislative Malapportionment and Institutional Persistence.” Washington, DC, Estados Unidos: documento mimeografiado del Banco Mundial.
Burgess, R., y N. Stern. 1993. “Taxation and Development.” Journal of Economic Literature 31: 762-830.
Cárdenas, M. 2010. “State Capacity in Latin America.” Economia 10(2): 1-45.
Cárdenas, M., y D. Tuzemen. 2010. “Under-Investment in State Capacity: The Role of Inequality and Political Instability.”Washington, DC, Estados Unidos: Brookings Institution. Documento mimeografiado.
Cheibub, J.A. 1998. “Political Regimes and the Extractive Capacity of Governments: Taxation in Democracies and Dictatorships.” World Politics 50: 349-376.
Cramer, B., y R. Kaufman. 2010. “Views of Inequality in Latin America.” New Brunswick, Estados Unidos: Rutgers University. Documento mimeografiado.
Dehejia, R., T. DeLeire and E. Luttmer. 2007. “Insuring Consumption and Happiness through Religious Organizations.” Journal of Public Economics 91(1-2): 259-79.
Deninger, K., and L. Squire. 1996. “A New Data Set Measuring Income Inequality.” World Bank Economic Review 10(3): 565-591.
Dragu, T., y J. Rodden. 2009. “The Iron Law of Malapportionment.” Artículo presentado en la Conference on Distributive Politics in Legislative and Electoral Politics, Yale University, New Haven, Estados Unidos.
Easterly, W. 2007. “Inequality Does Cause Underdevelopment: Insights from a New Instrument.” Journal of Development Economics 84(2): 755-776.
Engermann, S., y K. Sokoloff. 1997. “Factor Endowments, Institutions, and Differential Paths of Growth Among New World Economies: A View from Economic Historians of the United Stated.” En: S. Haber, editor. How Latin America Fell Behind. Stanford, United States: Stanford University Press.
Franzese, R. 1998. “Political Participation, Income Distribution, and Public Transfers in Developed Democracies.” Ann Arbor, Estados Unidos: University of Michigan. Documento mimeografiado.
Gervasoni, C. 2010. “A Rentier Theory of Subnational Regimes: Fiscal Federalism, Democracy, and Authoritarianism in the Argentine Provinces.” World Politics 62(2): 302-340.
Gibson, E., E. Calvo y T. Falleti. 2004. “Reallocative Federalism: Legislative Overrepresentation and Public Spending in the Western Hemisphere.” En: E. Gibson, editor. Federalism and Democracy in Latin America. Baltimore, Estados Unidos y Londres, Reino Unido: Johns Hopkins University Press
Glaeser, E. 2006. “Inequality.” In: B. Weingast and D. Wittman, editors. The Oxford Handbook of Political Economy. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
Glaeser, E., J. Scheinkman y A. Shleifer. 2003. “The Injustice of Inequality.” Journal of Monetary Economics 50: 199-222.
Gordon, R., y W. Li. 2009. “Tax Structures in Developing Countries: Many Puzzles and a Possible Explanation.” Journal of Public Economics 93: 855-866.
Hirano, S. 2006. “Electoral Institutions, Hometowns, and Favored Minorities: Evidence from Japan’s Electoral Reforms.” World Politics 59: 51-82.
Horiuchi, Y. 2004. “Malapportionment and Income Inequality: A Cross-National Analysis.” British Journal of Political Science 34(1): 179-183.
Horiuchi, Y., y J. Saito. 2003. “Reapportionment and Redistribution: Consequences of Electoral Reform in Japan.” American Journal of Political Science 47(4): 669-682.
Huber, J., y P. Stanig. 2011. “Church-State Separation and Redistribution.” Journal of Public Economics 95(7/8): 828-836
Keefer, P., y S. Khemani. 200. Democracy, Public Expenditures and the Poor. Policy Research Working Paper 3164. Washington, DC, Estados Unidos: Banco Mundial.
Keen, M., y M. Mansour. 2009. “Revenue Mobilization in Sub-Saharan Africa: Challenges from Globalization.” Documento de trabajo del FMI 09/157. Washington, DC, Estados Unidos: Fondo Monetario Internacional.
Krishna, A., editor. 2006. Poverty, Participation and Democracy. New York, Estados Unidos: Cambridge University Press.
Lijphart, A. 1997. “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma.” American Political Science Review 91(1): 1-14.
Lizzeri, A., y N. Persico. 2001. “The Provision of Public Goods under Alternative Electoral Incentives.” American Economic Review 91(1): 225-239.
Londregan, J. 2000. Legislative Institutions and Ideology in Chile. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
Lee, F.E. 2000. “Senate Representation and Coalition Building in Distributive Politics.” American Political Science Review 94(1): 59-72.
Machado, F. 2008. “Democracy and Inequality: Elections and Redistribution in Brazil.” Documento presentado en la reunión annual de la Latin American and Caribbean Economics Association, Rio de Janeiro, Brasil.
Meltzer, A., y S. Richard. 1981. “A Rational Theory of the Size of Government.” Journal of Political Economy 89: 914-927.
Milanovic, B. 2000. “The Median-Voter Hypothesis, Income Inequality, and Income Redistribution: An Empirical Test with the Required Data.” European Journal of Political Economy 16: 367-410.
Moene, K., y M. Wallerstein. 2001. “Inequality, Social Insurance, and Redistribution.” American Political Science Review 95(4): 859-874.
Mulligan, C., R. Gil, y X. Sala-i-Martín. 2004. “Do Democracies Have Different Public Policies than Nondemocracies?” Journal of Economic Perspectives 18(1): 51-74.
Milesi-Feretti, G.-M., R. Perotti y M. Rostagno. 2002. “Electoral Systems and the Composition of Government Spending.” Quarterly Journal of Economics 117: 609-657. Navia, P. 2003. “You Select the Rules of the Game and You Lose? Advantages and Constraints When Choosing Electoral Rules: The Case of Chile.” New York, Estados Unidos: New York University. Ph.D. Disertación.
Perotti, R. 1996. “Growth, Income Distribution, and Democracy: What the Data Say.” Journal of Economic Growth 1(2): 149-187.
Persson, T., J. Roland y G. Tabellini. 2000. “Comparative Politics and Public Finance.”Journal of Political Economy 108(6): 1121-1161.
Persson, T., y G. Tabellini. 2003. The Economic Effect of Constitutions. Cambridge, United States: MIT Press.
Profeta, P., y S. Scabrosetti. 2010. The Political Economy of Taxation: Lessons from Developing Countries. Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar.
Przeworski, A., y C. Curvale. 2005. “Does Politics Explain the Economic Gap between the United States and Latin America?”New York, Estados Unidos: New York University. Documento mimeografiado
Reinikka, R., y J. Svensson. 2003. “The Power of Information: Evidence from a Newspaper Campaign to Reduce Capture.”Washington, DC, Estados Unidos: Banco Mundial. Documento mimeografiado.
Rodden, J. 2002. “Strength in Numbers? Representation and Redistribution in the European Union.” European Union Politics 3(2): 151-175.
——. 2006. “The Political Economy of Federalism.” In: B. Weingast and D. Wittman, editors. Oxford Handbook of Political Economy. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press.
——. 2008. “Federalism and Inter-Regional Redistribution.” Stanford, Estados Unidos: Stanford University. Documento mimeografiado.
Roemer, J. 1998. “Why the Poor do Not Expropriate the Rich: An Old Argument in New Garb.” Journal of Public Economics 70: 399-424.
Rojas, P., y P. Navia. 2005. “Representación y Tamaño de los Distritos Electorales en Chile 1988-2002.” Revista de Ciencia Política 25(2): 91-116.
Rossi, M. 2011. “Wealth and Political Power: Evidence from the Foundation of Buenos Aires.” Buenos Aires, Argentina: Universidad de San Andrés. Documento mimeografiado.
Samuels, D., y R. Snyder. 2001. “The Value of a Vote: Malapportionment in Comparative Perspective.” British Journal of Political Science 31(4): 651-671.
Saint Paul, G., y T. Verdier. 1996. “Inequality, Redistribution and Growth: A Challenge to the Conventional Political Economy Approach.” European Economic Review 40: 719-728.
Scartascini, C., and M. Tommasi. 2009. “The Making of Policy: Institutionalized or Not?” Documento de trabajo del BID (IDB-WP-108). Washington, DC, Estados Unidos: Banco Interamericano de Desarrollo.
Scheve, K., y D. Stasavage. 2006. “Religion and Preferences for Social Insurance.” Quarterly Journal of Political Science 1(3): 255-286.
Shayo, M. 2009. “A Model of Social Identity with an Application to Political Economy: Nation, Class and Redistribution.” American Political Science Review 103(2): 147-174.
Siavelis, P. 2000. The President and Congress in Postauthoritarian Chile. University Park, Pennsylvania, Estados Unidos: Penn State Press.
Snyder, R., y D. Samuels. 2004. “Legislative Malapportionment in Latin America: Historical and Comparative Perspectives.” In: E. Gibson, editor. Federalism and Democracy in Latin America. Baltimore, Estados Unidos: Johns Hopkins University Press.
Sokoloff, K., y E. Zolt. 2006. “Inequality and Taxation: Evidence from the Americas on How Inequality May Influence Tax Institutions.” Tax Law Review 59(2): 201-276.
Stromberg, D. 2004. “Radio’s Impact on New Deal Spending.” Quarterly Journal of Economics 119(1): 189-221.
Ticchi, D., y A. Vindigni. 2003. “Endogenous Constitutions.” Documento de Seminario 726. Estocolmo, Suecia: Universidad de Estocolmo, Institute for International Economic Studies.
Trebbi, F., P. Aghion y A. Alesina. 2008. “Electoral Rules and Minority Representation in U.S. Cities.” Quarterly Journal of Economics 123(1): 325-357.
Vanhannen, T. 1997. Prospects of Democracy: A Study of 172 Countries. Londres, Reino Unido: Routledge.
Weingast, B. 2006. “Second Generation Fiscal Federalism: Implications for Decentralized Democratic Governance and Economic Development.” Stanford, Estados Unidos: Stanford University, Hoover Institution. Disponible en:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1153440
Wibbels, E. 2006. “Madison in Baghdad? Decentralization and Federalism in Comparative Politics.” Annual Review of Political Science 9(1): 165-188.
Wibbels, E., y M. Arce. 2007. “Globalization, Taxation, and Burden-Shifting in Latin America.” International Organization 57(1): 111-136.
Zucco, C. 2007. “Where’s the Bias? A Reassessment of the Chilean Electoral System.” Electoral Studies 26(2): 303–314.
Apéndice
Revista 78, Español, Art III, Cuadro A.1
Revista 78, Español, Art III, Figura A.1
Revista 78, Español, Art III, Figura A.2
Revista 78, Español, Art III, Figura A.3
Revista 78, Español, Art III, Figura A.4
Revista 78, Español, Art III, Figura A.5