N° 86
Noviembre / Diciembre

86Articulos:

 Nota Editorial:

La estrategia de crecimiento de la Unión Europea está cambiando.La Eurozona realiza ingentes esfuerzos para equilibrar sus cuentas públicas y analiza llevar adelante algunas reformas relacionadas con la competitividad del tipo de cambio, los elevados niveles de deuda soberana, incluidos los fondos de pensiones, y ciertas rigideces estructurales en el mercado laboral y el de servicios. Por otra parte, el Sexto Informe de la Comisión Europea sobre la Cohesión Económica, Social y Territorial, publicado en el mes de julio de este año, anuncia un plan de inversiones de 450.000 millones de euros para el período 2014-2020. Pero mientras en el pasado las inversiones estaban centradas en la infraestructura física, ahora se orientan hacia un conjunto de metas que incluyen el desarrollo del capital humano, el empleo, el conocimiento asociado a las tecnologías y la gestión idónea del sector público.

   Esta política activa adquiere una singular importancia en momentos en que la economía en la zona del euro parece estar perdiendo dinamismo después de las políticas de estímulo que se aplicaron a partir de la crisis de 2008. Paralelamente a este esfuerzo, la Unión Europea también ha desarrollado un programa denominado Eurosocial II, cuyo objetivo es fortalecer la cohesión social en América Latina. Este Programa tiene entre sus numerosas metas lograr mejorar la calidad del gasto público, posibilitar un mayor impacto de las políticas públicas y procurar mejores resultados mediante el intercambio de experiencias e ideas. ASIP participa activamente de este programa en su condición de Socio Operativo. Dada la importancia que Eurosocial II le asigna a la calidad del gasto, el papel de ASIP en este programa se potencia a partir de su experiencia en todos los temas relacionados con la calidad de la actuación pública y el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos para satisfacer demandas como una vía para lograr el equilibrio entre la eficacia, la eficiencia y la legitimidad.

   Vistos en perspectiva, la mejora en la calidad del gasto y la mayor precisión de las políticas públicas para lograr mejores resultados constituyen objetivos que ASIP siempre ha promovido a lo largo de su extensa trayectoria, contribuyendo de esta manera a que se hayan convertido en grandes temas del momento y objeto de limitando las horas de enseñanza que reciben los estudiantes. Los altos indices de deserción escolar necesitan ser reducidos a través de intervenciones efectivas, como la expansión de la educación en la temprana infancia, mediante la reducción de la repetición de grados, y a través de un apoyo más personalizado para los que están en situación de riesgo. La calidad de la enseñanza también se podría mejorar a través de más capacitación de los docentes en servicio e incentivos de cumplimiento más fuertes para los maestros. El resultado de los servicios públicos dedicados a la salud y los transportes se han mezclado. Los servicios de salud pública tienen una amplia disponibilidad, aunque sufren por la subfinanciación y los sitios para capacitar al personal médico necesitan ser extendidos. El sistema de transporte urbano público sufre de una carencia de inversión que se necesita urgentemente para actualizar la capacidad. Con respecto a las transferencias de efectivo, el éxito de “Bolsa Familia” y los nuevos programas implementados bajo la cobertura del programa “Brasil sem Miseria” es notable, aunque los pagos de las transferencias siguen estando demasiado concentrados en los beneficios jubilatorios. Darle más propiedad a “Bolsa Familia” y “Brasil sem Miseria”, y a la vez limitar todo el crecimiento de los gastos de pensiones en el futuro, mejoraría la efectividad de los gastos sociales para reducir la pobreza y la desigualdad.

   Finalmente, el artículo titulado ¿El gasto en la reducción del riesgo de desastres es impulsado por el desencadenamiento de catástrofes naturales? Evidencia de Perú, estudia la asignación de gastos públicos totales a la reducción del riesgo de catástrofes pendiente entre las regiones en este país. El objetivo principal de los autores, Sebastián J. Miller y Mauricio A. Vela es identificar los determinantes principales de la distribución de estos recursos, y con este fin se creó un índice de impactos físicos históricos de catástrofes naturales, vulnerabilidad social y capacidad institucional, para lograr un gasto público más eficiente. Se encuentra que los impactos históricos de las catástrofes climáticas se correlacionan positivamente con el monto per cápita recibido por región, para evitar catástrofes naturales futuras. Los impactos de la catástrofe geológica, por otra parte, afectan el monto de recursos ejecutados y presupuestados utilizados para enfrentar los efectos de las catástrofes pasadas. El gasto en prevención se dirige principalmente por los efectos climáticos sobre el sector de la agricultura. Además, los resultados confirman que una mayor vulnerabilidad social es un determinante principal de debate en muchas partes del mundo. La tarea precursora de ASIP ha sido, precisamente, difundir las mejores prácticas e investigar nuevos caminos que conduzcan a la optimización del gasto público en un contexto de equilibrio fiscal. Los artículos que se incluyen en el presente número de la Revista Internacional de Presupuesto Público responden a esta inquietud.

   El trabajo que lleva por título Regla de Política Fiscal en Chile: Balance Cíclicamente Ajustado. Avances y desafíos analiza las decisiones que pueden tomar los países en desarrollo para dar estabilidad a su gasto fiscal y hacerlo más acíclico. La investigación, realizada por Maximiliano Acevedo O., Jessica Chamorro Montes, Juan Andrés Roeschmann y M. Alejandra Vega C., analiza y explica la experiencia chilena de implementación de una regla de Balance Estructural o Balance Cíclicamente Ajustado (BCA). Para esto, los autores describen las razones que justifican tener una regla de este tipo, como por ejemplo que un gran porcentaje de los ingresos sean altamente procíclicos. A continuación explican cómo se calcula el indicador del BCA y las modificaciones metodológicas que se han realizado, para después mostrar los efectos que ha tenido la regla en la disminución de la deuda del gobierno central así como de su costo de emisión, y en la acumulación de activos. En este estudio se describe también el proceso de institucionalización del BCA, desde un mecanismo autoimpuesto por el gobierno hasta su institucionalización por ley. Finalmente, el artículo analiza los efectos de la crisis financiera internacional de 2008-2009 y las decisiones tomadas por el gobierno en ese entonces para enfrentarla en el contexto del llamado Balance Estructural.

   Jens M. Arnold y João Jalles han escrito un artículo muy interesante titulado Dividiendo la torta en Brasil: Distribución del Ingreso, Políticas Sociales y la Nueva Clase Media. El artículo se ocupa del hecho de que Brasil ha hecho un progreso notable en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Esta reducción se explica por un crecimiento fuerte, aunque también por las políticas sociales efectivas. Además del crecimiento, los servicios públicos y las transferencias de efectivo han desempeñado el papel más grande, principalmente las últimas a través del exitoso programa “Bolsa Familia”. Entre los servicios públicos, el acceso mejorado a la educación ha desempeñado un papel importante, permitiendo que más brasileños cambien sus empleos por otros mejor pagos. Sin embargo, las carencias en la infraestructura física de las escuelas están la distribución del gasto en prevención, aunque condicionada a ser afectada por las catástrofes climáticas. La capacidad institucional parece definir solo el monto del gasto de recuperación, positivamente para regiones afectadas más seriamente por las catástrofes geológicas, y negativamente para las regiones devastadas por las catástrofes climáticas.

   Con estos aportes, la Revista Internacional de Presupuesto Público contribuye a la profundización de los debates que tienen lugar entre los técnicos y especialistas en temas vinculados a la administración financiera del sector público con el objetivo de asegurar una mayor estabilidad fiscal, la optimización en uso de los recursos y mejores prestaciones.