Año XXX Nº 50
Noviembre – Diciembre, 2002
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La deuda pública, en condiciones normales, puede ser un factor de desenvolvimiento y crecimiento económico sustentable. En los últimos años, sin embargo, se ha observado un aumento desmesurado de la deuda en muchas economías del mundo y, en muchos casos, los presupuestos públicos de esos países están siendo afectados de una manera condicionante, ya que una gran parte de los recursos deben ser afectados al pago de los servicios.
El excesivo endeudamiento no sólo ha afectado a los presupuestos públicos, obligando a ajustes casi imposibles de aplicar por razones políticas y sociales; también ha generado interrupciones abruptas de los flujos de capital con frecuentes colapsos de liquidez y efectos-contagio incontrolables. Esto viene produciendo agudas crisis en diversos países del mundo.
Mientras los organismos internacionales debaten cómo neutralizar lo que muchos ya llaman la “viruela económica”, militantes antiglobalización hacen oír sus voces de protesta contra las consecuencias de lo que denominan un “pseudo-progreso” promovido por los organismos internacionales y los países más fuertes. Quienes deben tomar decisiones, por su parte, no logran ponerse de acuerdo. Para algunos, los países en crisis no adoptaron con suficiente rigor las recetas del Consenso de Washington. Para otros, la apertura económica promovida por el Fondo Monetario Internacional no fue acompañada por una apertura de los mercados del Grupo de los Siete para permitir mayores exportaciones del Tercer al Primer mundo. Por último, están quienes culpan a los organismos por fomentar una “cultura de los rescates”, que llevó a los inversores a otorgar créditos en forma irresponsable y a los acreedores a tomarlos.
Se puede concluir, por el momento, en lo siguiente: así como se cuestiona la excesiva toma de crédito por parte de algunos países, también se ha criticado la responsabilidad de los organismos internacionales en este proceso. Desde el propio Fondo Monetario Internacional se ha señalado, por ejemplo, la necesidad de avanzar en el sentido de impedir que el financiamiento que provee el organismo no termine auxiliando a los acreedores privados. Algunos de sus funcionarios han cuestionado su cuasi-papel de “garante en última instancia”. Como lo ha sugerido la propia Anne Krueger, es claro que los riesgos pueden aumentar cuando las instituciones privadas son estimuladas a prestar e invertir más de lo que deberían, al borde de la osadía, en la creencia de que el Fondo garantiza que los deudores repagarán.
Por estas razones, se ha planteado reiteradamente en los últimos tiempos que es necesario avanzar en el sentido de un rediseño del sistema monetario y financiero internacional, con el objetivo de aprovechar las posibilidades que los flujos financieros privados e internacionales ofrecen para la estabilidad y el crecimiento de la economía mundial.
Entre las soluciones imaginadas figuran propuestas tales como crear fondos de contingencia para asistir particularmente a los países más vulnerables, los cuales se ven afectados por la crisis a través del comercio y los precios de sus productos básicos, el uso anticíclico de los derechos especiales de giro y el establecimiento de nuevas prácticas para reducir el grado de restricción de los ajustes acordados con los países prestatarios en caso de fuerte contracción de la actividad económica.
También se ha planteado diseñar parámetros internacionales objetivos y estrictos para la clasificación del riesgo soberano, y evitar así la inclusión de elementos subjetivos por parte de las calificadoras privadas de riesgo que puedan a la larga generar retiros abruptos de capitales. Por otra parte, también se ha sugerido incorporar cláusulas relativas a la suspensión, con anuencia internacional, del pago de los servicios de la deuda hasta su reprogramación en caso de fuga desordenada de capitales.
El primer artículo, titulado Mercados e instrumentos de deuda, de John Petersen, está algo alejado de estos serios problemas mencionados, pero es de suma utilidad para los funcionarios de los gobiernos locales porque analiza en detalle los cambios que continuamente se producen en los mercados financieros que utilizan los municipios de los Estados Unidos para obtener recursos para los proyectos de escala y programas de largo plazo.
Se incluye en este número un breve artículo de Timothy Lane y Steven Phillips que lleva por título Riesgo moral: ¿el financiamiento del FMI alienta la imprudencia por parte de prestatarios y prestamistas?, donde se analiza hasta qué punto el Fondo Monetario Internacional, en su papel de prestamista a países con dificultades financieras, estimula a prestamistas y acreedores a comportarse de manera más riesgosa, aumentando así las posibilidades de que la crisis finalmente se produzca.
A continuación, un importante artículo de Eduardo Fernández Arias y Ricardo Hausmann, que lleva por título El rediseño de la arquitectura financiera internacional desde una perspectiva latinoamericana, ¿quién paga la factura?, analiza los principales problemas de los mercados financieros mundiales y sugiere la creación de nuevas instituciones para corregirlos.
Por último, se incluye un detallado informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), titulado Hacia una nueva arquitectura financiera internacional, que se centra en la prevención y el manejo de las crisis que se producen como resultado del aumento de los ciclos de auge y colapso que son, en parte, el resultado de la subestimación de los riesgos de un alto nivel de endeudamiento, los que solo se aprecian tardíamente cuando se producen las caídas y el pánico financiero.
La Revista Internacional de Presupuesto Público contribuye de esta manera a un debate candente sobre diversos aspectos de las finanzas públicas que tienen un alto impacto sobre los presupuestos nacionales.