NUEVAS TENDENCIAS EN GERENCIA PUBLICA Y PRESUPUESTO

Isaac Umansky

Presidente de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto – ASUCYP

 

       NUEVAS TENDENCIAS EN GERENCIA PUBLICA Y PRESUPUESTO

 

  * Isaac Umansky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Presidente de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto – ASUCYP

 

 

 

A los tradicionales objetivos y metas de la administración pública, que históricamente han sido complejos y difíciles, se ha adicionado en las últimas décadas una incertidumbre proveniente del propio proceso de globalización que requieren un análisis interpretativo multidimensional.

 

Como consecuencia de los cambios en el contexto mundial – que están repercutiendo sobre todos los países – ya no resulta pertinente la configuración tradicional en lo que hace a las relaciones de las actividades estatales con el resto de la sociedad.

 

La estructura y los procesos actuales de la actividad de gobierno se ven fuertemente cuestionados a partir de una economía fundamentada preferentemente  en los mecanismos de mercado.

 

Existe un desafío primordial que exige una redefinición del Estado y sus roles en procura de construir  sociedades que puedan plasmar procesos de desarrollo económico – social sostenibles y en ese sentido el análisis de dos instrumentos de relieve, como son el presupuesto y la gerencia pública, puede arrojar luz sobre esta tarea.

 

  Escenarios transformados

 

Nos hallamos en tiempos de altas turbulencias, marcados por tendencias originales que plantean retos inéditos.

 

En los hechos nos encontramos no meramente ante un cambio de las reglas de juego, sino del juego mismo. Es preciso comprender ese gran cambio si procuramos incidir positivamente en nuestras instituciones públicas.

 

En primer lugar, en términos macro, se ha transformado la forma de producir y de acumular por lo que la propia mecánica económica se encuentra altamente impactada.

 

Lejos estaba Keynes de imaginar – en 1936 cuando publicó la  “Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero”  –  que su afirmación relativa a la importancia que tenían las expectativas como elementos determinantes de la producción y de la ocupación, se iba a cumplir con tanta certeza en nuestros días.

 

El economista inglés distinguía dos tipos de expectativas: la de corto plazo que tenía que ver con los distintos costos de producción posibles de incurrir en el proceso de elaboración de un bien y la de largo plazo que pretendía medir la previsión empresarial sobre los factibles precios a obtener por la producción en el momento de la venta.

 

Si observamos que la nueva economía que emerge en los albores del siglo XXI depende de cinco grandes factores, como son la tecnología, la competencia sistémica y una nueva cultura económica ejecutada por empresas, consumidores y gobiernos, y percibimos la velocidad asociada a los cambios de cada uno de estos elementos, podremos entonces determinar hasta que punto la función de las expectativas ha hecho cambiar la naturaleza de las estructuras productivas.

 

La secuencia, la velocidad, el ritmo y la intensidad con que se manifiestan hoy en día los fenómenos económicos obligan a los agentes económicos a adecuar las expectativas a los múltiples impactos que sufren las distintas variables de la economía global que, por su lado, tampoco aportan demasiada certeza para el cálculo.

 

Por otra parte, el sistema de tasas de cambios fijas originado en la segunda posguerra que dio nacimiento a  los organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y  el  Fondo Monetario Internacional – denominado “el sistema de BretonWoods” – que brindaban una base para hacer funcionar un sistema previsible de paridades cambiarias, cesó abruptamente al inicio de la década del 70 del siglo pasado.

 

Debido a eso y al influjo de la flexibilidad de las tasas de cambios no ha sido posible establecer un equilibrio sostenido  de las expectativas en los mercados cambiarios de las principales potencias industriales. A pesar de ese colapso, mas de 30 años después, aún no existe un sistema que rija la mecánica del sistema financiero internacional.

 

De allí que debamos convivir con turbulencias y volatilidades que son la manifestación más expresiva de las carencias existentes en materia de ordenamiento de los flujos internacionales de fondos y que han trastocado profundamente el sentido de las denominadas “expectativas económicas”.

 

Estos hechos generaron nuevos acontecimientos y tendencias que se han manifestado en la economía y que han contribuido a generar un escenario de incertidumbres manifiestas. Lo que está en juego no es sólo la relación entre el Estado, las instituciones y el mercado, sino también la tensión entre lo público y lo privado.

 

Es posible, en ese contexto, describir una serie de eventos y fenómenos que ya han pasado a formar parte de nuestra realidad cotidiana, como ser:

 

• La existencia y universalización de un nuevo paradigma productivo fundado en la informatización y la innovación tecnológica que promueve el desarrollo de la llamada economía del conocimiento y la información.

 

• La mundialización de la economía y el deterioro progresivo de la capacidad decisoria de las economías nacionales que ven menguadas sus competencias debido al creciente vigor de los instrumentos financieros promovidos por los mercados internacionales.

 

• El cuestionamiento del papel del Estado como agente económico privilegiado y como administrador de recursos, lo que se manifiesta en variadas formas en los distintos países y lleva crecientemente a la privatización de muchas de sus actividades.

 

• Una marcada tendencia a la descentralización y flexibilización de las organizaciones empresariales y estatales. Esto se presenta en forma conjunta con la crisis de los modelos de gestión rígidos, burocráticos y centralizados tanto en la actividad privada como en la esfera estatal.

 

• Las nuevas tecnologías que permiten incrementar la productividad y tienden a provocar la disminución de la importancia del sector industrial, como así también el crecimiento, a su vez, de los servicios y las actividades por cuenta propia que aumentando  el desempleo y el sub-empleo.

 

• El conocimiento, la investigación científica y la informatización se convierten en factores decisivos del crecimiento y de la supremacía entre naciones y empresas.

       

En este contexto, las nociones de Estado y mercado no son sinónimos de lo público y lo privado. Así por ejemplo, es posible afirmar que existe interés público para que los agentes privados puedan transar fluidamente en el mercado, pues de esa manera se crea una forma de institucionalidad necesaria para el mantenimiento del sistema económico nacional lo que permite que el Estado cumpla con su función de velar por la estabilidad macroeconómica.

 

El Estado es cada vez menos un agente económico directo y pasa a ser el arquitecto de la institucionalidad que crea el espacio público en el cual los agentes privados asumen responsabilidades.

 

De allí, que la tarea del Estado para definir los marcos regulatorios se convierte en una función determinante y prioritaria que permite construir la predictibilidad necesaria para el desarrollo empresarial.

 

Asimismo, es evidente la existencia de una fuerte correlación positiva entre la liberalización de los mercados financieros y el estallido de crisis bancarias y de balanza de pagos, que exige ingentes esfuerzos a los países subdesarrollados para diseñar, implementar y controlar sus políticas financieras.

 

Esto ha llevado a que las autoridades monetarias y fiscales de nuestros países tuvieran la responsabilidad – cada vez mayor – de generar acrecentados niveles de credibilidad para calmar las expectativas de los mercados internacionales

 

La forma en que se manifestó este proceso es a través de la reorientación de las políticas cambiarias y de tasas de interés para tratar de conseguir los macroequilibrios financieros financieros menoscabando los esfuerzos requeridos para mejorar la asignación de los recursos en el ámbito de la economía real.

 

 

Los cambios que llevaron a la mutación

 

Todos estos factores contribuyen a dejar por el camino las viejas certezas y por ende obligan a crear nuevas formas para poder abordar el manejo de recursos en el ámbito global ya sean estos públicos o privados.

 

Estos profundos cambios que está sufriendo el mundo han llevado en el plano económico a que se registraran sucesivas crisis económicas como fueron la monetaria europea en 1992, la del tequila en 1995, la del sudeste asiático en 1997, la rusa de 1998, la brasileña de 1999 o la argentina del 2001.

 

De esta forma se ha extendido la costumbre de  caracterizar estos fenómenos como crisis y mutaciones que son términos usualmente utilizados en biología y medicina. Sin embargo, para contextualizar la actual situación, es preciso distinguir “crisis” de “mutación” pues ambos conceptos tienen aplicaciones y sentidos muy diversos.

 

La palabra crisis se refiere   a  un cambio acelerado y a veces convulso que puede tener tanto un sentido positivo como negativo. En cualquier caso, la crisis siempre presupone una realidad que evoluciona en un sentido u otro, pero dentro de un orden marcado por esa misma realidad.

 

En la mutación por el contrario, el cambio afecta a la propia realidad de un sujeto en cuestión, como ocurre a veces en biología cuando una especie se transforma en otra; esto quiere decir que hay un cambio estructural  en la realidad afectada por la mutación.

 

Actualmente, estamos asistiendo a cambios que son  una verdadera mutación histórica y que han comenzado con los extraordinarios avances de las tecnologías de la información y las  telecomunicaciones.

 

Estas tecnologías – en conjunto con la explosión masiva de nuevos saberes – incentivaron el afianzamiento y desarrollo de disciplinas con alta potencialidad transformadora como son la biotecnología, la miniaturización de la información  y la creación de nuevas materias primas a partir de experimentos científicos.

 

En épocas anteriores se solía tratar de explicar un ordenamiento que influenciaba tan profundamente a todos los países por medio de la búsqueda de ciertas regularidades o uniformidades como forma de elaborar una concepción sistémica  de los acontecimientos y sus consecuencias.

 

De esta manera era posible realizar construcciones intelectuales que servían como modelos analíticos.

 

Sin embargo, la manifestación de los actuales eventos y fenómenos de distinto tipo que acaecen en gran número, con alta velocidad y en muchos casos de forma simultánea y superpuesta no facilitan establecer una unidad de sentido que serviría para elaborar un análisis interpretativo basado en un modelo que explique los fundamentos para un nuevo accionar institucional. 

 

 

Hacia los nuevos Estados necesarios

 

En ese escenario internacional caracterizado por un conjunto de megatendencias que están cambiando la naturaleza de nuestro mundo y que algunos analistas han resumido en el concepto de posmodernidad, los diversos países latinoamericanos se vieron obligados a enfrentar la cuestión de la Reforma del Estado. Estos movimientos fueron la continuación de fenómenos análogos acaecidos en los países desarrollados.

 

El origen de este proceso se remonta a los inicios del modelo de Estado benefactor – montado por las naciones industrializadas  en la posguerra – el cual permitió  propulsar una era de prosperidad sin precedentes históricos hasta que entró en crisis hacia fines de la década del 70 del siglo XX.

 

A partir de entonces la construcción de un nuevo tipo de Estado se convirtió en una exigencia imperiosa de alcance universal  a encararse de  manera distinta de acuerdo al grado de desarrollo de los países. Actualmente, se han impulsado variadas reformas que no pueden ocultar las importantes peculiaridades de  los estados latinoamericanos.

 

La primera singularidad – en lo atinente a la región de la cual formamos parte en las dos últimas décadas – refería a considerar separadamente los rasgos de las coyunturas específicas de nuestras crisis estatales. Estas revestían connotaciones económicas  de mayor gravedad que las existentes en el mundo desarrollado.

 

No solamente nuestros países entraron en una seria crisis fiscal, sino que debieron  enfrentarse al agotamiento del modelo anterior de desarrollo económico altamente ligado a la sustitución de importaciones.

 

La falta de resolución de estos problemas estructurales determinó que la década del 80 – denominada la década perdida – estuviese marcada por el estancamiento y las altas tasas de inflación.

 

Frente a ese escenario económico, la llamada  “primera generación de reformas” – impulsada por los organismos financieros multilaterales – priorizó el ataque a las comprometidas situaciones financieras estatales.

 

De esa forma, las reformas orientadas hacia el mercado, sobre todo la apertura comercial y el ajuste fiscal, fueron las principales medidas tomadas.

 

En la búsqueda de la estabilización de  la economía ante  el peligro inflacionario es donde se obtuvieron los éxitos más importantes de la primera ronda de reformas. Sin embargo, las tendencias mundiales y regionales continuaron afectando la labor de los gobiernos en variadas formas.

 

Esas tendencias marcaron una orientación expresada en nuestras realidades a través del hecho que los gobiernos fueron crecientemente presionados y exigidos desde el exterior y desde lo doméstico en cuatro dimensiones muy precisas, a saber:

 

•         En lo internacional, debido a las consecuencias de  los fenómenos componentes de la globalización y en especial de los mercados financieros.

 

•         En lo regional–local, en razón de las demandas de los procesos de descentralización por parte de las administraciones territoriales y las exigencias de una ciudadanía cada vez mas informada.

 

•         En lo grupal, debido a la mayor diversificación y organización de los  grupos de presión que pretendían al menos no perder posiciones en el ordenamiento establecido.

 

•         En el marco del sistema político partidario, debido a la división de poderes y la lucha electoral sin acuerdos de fondo y definiciones con relación a las “políticas de estado” que harían falta para paliar la crisis.

 

 

La consecuencia es que, a pesar de los esfuerzos reformistas realizados, los múltiples requerimientos del sector público siguieron pendientes de solucionarse y cada vez ha resultado más difícil definir el nivel adecuado para atacarlos.

 

Por otro lado, los gobiernos no sólo se ven impelidos a encontrarse crecientemente en medio de esas fuerzas, sino que además han venido perdiendo capacidad para enfrentarlas.

 

La realidad se está moviendo más rápidamente, a veces vertiginosamente, y el número de actores es mayor, mientras quelos instrumentos al alcance del Estado son cada vez menores y sus efectos más inseguros.

 

La matriz sociopolítica del modelo de sustitución de importaciones, es decir, la estructura mental, de intereses y de poder correspondiente, contribuyó en mucho a la confusión que impidió comprender y adaptarse a los grandes cambios iniciados a mediados del 70 en el escenario internacional.

 

Eso no impidió que el tema de  la Reforma del Estado pasara a encumbrarse como uno de los temas clave de  la década del noventa y así en 1997  el Banco Mundial en su informe titulado  “El Estado en un mundo en transición” plantea su visión en estos términos:

 

“Han fracasado los intentos de desarrollo basados en  el protagonismo del Estado, pero también fracasarán los que se quieran realizar a sus espaldas. Sin un Estado eficaz el desarrollo es imposible”.

 

El Estado eficaz obviamente  ya  no puede ser aquel agente omnipotente de  la era de sustitución de importaciones pero dados los desafíos de nuestro tiempo tampoco puede ser un Estado en su mínima expresión.

 

No parece ser un ejemplo orientador el actual Estado latinoamericano de características patrimonialista, paternalista yclientelístico que aún predomina en nuestra realidad, ya que más que reformado necesita ser reconstruido o refundado.

 

En los hechos, a través de su accidentada trayectoria, nunca pudo llegar a funcionar como un Estado de tipo weberiano.

 

El Estado descrito por Max Weber – a mediados de la década del veinte del siglo anterior – disponía de estructuras orgánicas bien definidas, con responsabilidades claramente marcadas, donde el funcionario conocía claramente sus competencias, y le era permitido ejercer sus funciones en forma técnica sin ninguna interferencia del sistema político, gozando de las más plenas garantías personales lo que le  brindaba un respaldo firme para actuar objetivamente en forma imparcial.

 

De ese estado weberiano sólo recogimos equivocadamente el nombre de burocracia en su versión mas desvalorizada que, por supuesto, no era la planteada en el modelo original.

 

Ese  término le fue erróneamente asignado  a un modelo de Estado  que – en la doctrina expuesta – si bien enfatizaba el control de los procesos no era para entorpecerlos sino que lo hacía en el sentido de brindar la mayor transparencia para administradores y administrados.

 

Por eso nuestros Estados no pueden ser denominados burocráticos pues ni siquiera alcanzaron la posibilidad de crear burocracias aptas para comandar las actividades en ambientes racionales como pretendía el modelo administrativoweberiano.

 

  El Estado reformulado

 

El desafío actual exige  pensar en un nuevo Estado a construir, con renovados papeles y capacidades que guarden coherencia con las exigencias del modelo de desarrollo global que distingue a nuestro tiempo.

 

No se tratará meramente de mejorar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones estatales existentes, pues se corre el riesgo de hacer más eficientemente lo incorrecto.

 

De esta manera se puede llegar a tener organizaciones públicas que utilicen adecuadamente los recursos para fines no requeridos por la comunidad consagrando alto niveles de ineficacia social. Por tanto, el Estado necesario no debe ser el existente sino el adecuado para enfrentar los nuevos desafíos derivados de la intensificación de  las exigencias planteadas por la interconexión creciente de las distintas y diversificadas economías nacionales.

 

Lo fundamental no ha de ser exclusivamente el enfoque microadministrativo referido a la eficiencia  interna de las instituciones estatales sino que será preciso definir la eficacia social de los emprendimientos.

 

 La medida del éxito será, por tanto,  la capacidad institucional de generar condiciones para el funcionamiento eficiente del sector privado y para salvaguardar la cohesión social a través de la búsqueda de la equidad económica – social, que procure a su vez, generar mecanismos autosostenibles para formar adecuados niveles de capital humano y social.

 

Será preciso, por tanto, elaborar una visión bien fundada de los nuevos roles del Estado en  el modelo de desarrollo que se procesa cotidianamente a escala mundial y que exige variadas acciones conjuntas y coordinadas  entre los sectores público y privado como por ejemplo en el tema de la competitividad sistémica.

 

 

Los caminos hacia el Estado reformulado: los roles económicos reconsiderados

 

El Estado actual, tanto en  el mundo desarrollado como en los países emergentes proviene de  las realidades y las ideas prevalecientes tras la Segunda Guerra Mundial, consolidadas a lo largo de la denominada Guerra Fría y puesto en jaque tras las crisis económicas de los años 70 y la implosión sufrida por los regímenes socialistas.

 

Cuestionados todos los temas económicos y sociales en las dos últimas  décadas del siglo XX no puede el Estado sustraerse a este escenario profundamente removedor y altamente transformador. De allí que la reforma del Estado ha pasado a ser uno de los temas clave de  la agenda de  las políticas de nueva generación para el desarrollo.

 

Desde el inicio el propio término de Reforma del Estado se presta a confusión ya que bajo ese acápite se intenta identificar y describir una nueva visión que utiliza una vieja expresión semántica para definir sus rasgos.

 

Cabe, por consiguiente, ser cuidadosos en el empeño, dado que primariamente es preciso determinar con claridad la nueva misión y, a su vez, precisar en qué consisten las actividades que se deberán desenvolver.

 

Es evidente que la Reforma del Estado no consiste en mejorar meramente la eficacia y la eficiencia de las entidades estatales, pues si admitimos esto  corremos el riesgo de repetir una estructura de ordenamiento institucional que solamente le será funcional a una sociedad de tipo industrial que está siendo sustituida aceleradamente por un nuevo modelo productivo en permanente transformación.

 

Lo  que importa en  el nuevo modelo productivo globalizado son las capacidades a desarrollar por las organizaciones públicas que les permitan generar condiciones potenciadoras del funcionamiento productivo del sector privado y contribuyan a construir condiciones idóneas para establecer una cohesión social adecuada de modo que la sociedad pueda ser incentivada y estimulada en su desarrollo global.

 

Deberá hacerse hincapié no sólo en la eficiencia interna de las administraciones, que se patentiza a través de  las acciones desenvueltas con el propósito de minimizar los costos, sino que habrá de tomarse en cuenta  la “eficiencia asignativa global” de  las políticas públicas a promover y que consisten en disponer de metas, estructuras y procedimientos capaces de promover la eficiencia social.

 

En ese marco la estabilidad – y dentro de ella la continencia monetaria y la disciplina fiscal – tiene una importancia fundamental dado que sin ella no hay

intercambio de recursos diversificado posible en la economía, ni por consiguiente se logrará tener mercados eficientes.

 

Pero si bien la estabilidad es condición necesaria para la existencia de un mercado eficiente, no es claramente una condición suficiente.

 

La eficiencia económica no sólo depende de la estabilidad institucional sino básicamente de la calidad de las instituciones y del sistema de incentivos incorporado a las mismas.

 

En ese sentido debe atenderse al uso óptimo de los recursos procurando que se realice con los menores niveles de desempleo técnica y socialmente manejables y sin capacidad excedente en el  resto de los factores productivos.

 

El Estado de las últimas décadas se ha caracterizado por una serie de desventajas como ser su incoherencia, la ineficiencia extendida, y su burocratización ( en el sentido disminutivo del término ).

 

Muchas de estas desventajas o ineficiencias se encuentran presentes en los actuales Estados pero no son inherentes al mismo, es decir que se pueden evitar.

 

Existe en la actualidad cierta experiencia recogida en los últimos lustros y  así los analistas económicos y los organismos internacionales coinciden en que el Estado

debe actuar donde es fuerte y dejar que actúen las fuerzas del mercado allí donde éstas son más competentes. Sin embargo existen evidencias acerca de que cada país debe analizar en qué áreas sus instituciones estatales son más fuertes y en cuáles son menos aptas.

 

Se debe procurar adecuar los roles  a las verdaderas capacidades de cada país, ya que cada uno de ellos tiene una situación particular. Es posible, a partir de dichas constataciones bosquejar las funciones del Estado actual  y es así que existen propuestas detalladas de las actividades a desenvolver.

 

Así, por ejemplo, se distinguen tres niveles de intervención estatal compatibles con las exigencias planteadas en el  nuevo modelo de desarrollo globalizado.

 

En el primer nivel – de intervención mínima – se pretende que el sector público asuma la provisión de bienes públicos puros como ser defensa, orden público, derechos de propiedad, gestión macroeconómica, prevención de salud pública y protección de los pobres.

 

En el segundo nivel – de intervención moderada – el Estado ha de ocuparse de enfrentar las externalidades, la educación básica y la protección del medio ambiente. Asumirá – asimismo – la  regulación de los monopolios ( de servicios públicos y privados) la  defensa de la competencia en el mercado e intentará corregir la información imperfecta (seguros de salud, vida y jubilaciones), ejercer la regulación del sistema financiero, asegurar la protección del consumidor y ofrecer seguros sociales (pensiones con efectos redistributivos, subsidios familiares y seguro de desempleo.

 

En el tercer nivel – de intervención dinámica – el Estado se ha de encargar de la promoción de la actividad privada ( fomento de los mercados, iniciativas relativas a todo un sector) y redistribución social.

 

En los hechos, luego de una primera generación de reformas, ha sido necesario encarar nuevos caminos que se adapten a las exigencias de los requerimientos que se plantean en el escenario internacional.

 

  La gerencia pública y el saber organizacional

 

Los países desarrollados llegaron a  su condición de tal por medio de  la aplicación del saber al trabajo lo  que permitió poner en  marcha la explosión productiva de  los siglos XIX y XX. Se dispuso de tecnología y formación de capital en forma abundante para producir altos niveles de vida contribuyendo a conformar sociedades prósperas.

 

Hasta hace no más de 60 años, las personas abocadas al trabajo con la finalidad de hacer o trasladar cosas eran la mayoría en todos los países desarrollados. A principios de  la década del 90 apenas representaban un quinto de  la fuerza laboral y se estima que para el 2010 no serán más que una décima parte.

 

Esto demuestra que el aumento de  la productividad de  los obreros manuales en cualquier tipo de organización económica ya  no  puede crear riqueza por sí mismo. Este tipo de incremento de  la productividad no es mas fuente de crecimiento económico en los términos que se había conocido en los dos últimos siglos.

 

Con el advenimiento de  la  sociedad del conocimiento se manifiesta un nuevo tipo de realidad: lo que se convierte en verdaderamente importante es la productividad de  los trabajadores  no  manuales que se destacan por la singularidad de aplicar saber al saber.

 

El cambio del significado del saber ha transformado a la sociedad y la economía dado que en su nueva versión el saber se considera un servicio que es utilizado  como medio para obtener resultados sociales y económicos.

 

En los hechos al disponer de este servicio  – el saber como instrumento para desatar  la productividad social – debemos, a renglón seguido, establecer las condiciones  para que el conocimiento existente pueda aplicarse a producir resultados.

 

La primer constatación evidenciable es – que en forma contemporánea a este proceso – la reciente evolución histórica demuestra que la sociedad se ha transformado en una sociedad de organizaciones en la cual la mayoría de  las tareas sociales, son hechas por alguna organización.

 

El hospital en que nacemos, la escuela, el liceo, la universidad donde aprendemos, la sociedad médica donde acudimos por nuestras enfermedades, las iglesias donde expresamos nuestra fe, las entidades que nos protegen como la policía y las fuerzas armadas, etc. son ejemplos organizativos cotidianos.

 

Las organizaciones son instituciones con un propósito especial, son eficaces porque se concentran en sus cometidos y  su función es canalizar los saberes para que sean productivos.

 

De esa forma se puede afirmar que la gestión es  una función genérica de todas las organizaciones que se aplica a obtener resultados, sea cual sea  su misión específica y por lo tanto de allí derivamos que la gestión se convierte en  el órgano genérico de  la sociedad del saber. Precisamente, habida cuenta de esta visión, en las últimas dos décadas en las organizaciones públicas de los países desarrollados, se ha manifestado un significativo desarrollo de reformas públicas gerenciales.

 

La gerencia pública se ha movido desde ser considerada un factor periférico sin ninguna importancia en las entidades públicas hasta ser aceptada ampliamente como un factor clave para mejorar el desempeño gubernamental.

 

El sistema político y los jerarcas gubernamentales – que solían desdeñar la gerenciación por considerarla como una  función subordinada a la que no valía la pena prestar atención – ahora reconocen que este instrumento es de alta prioridad.

 

Casi todas las iniciativas políticas – en los países desarrollados – son acompañadas por la convicción de que la puesta en marcha de sistemas de administración idóneos garantizarán excelentes resultados.

 

 En general, en los últimos años, cuando se ha puesto en marcha un proceso de reforma en esos países, se ha hecho a través de la introducción y popularización de los conceptos e instrumentos de  la denominada Nueva Gerencia Pública.

 

La Nueva Gerencia Pública como  movimiento reformista global era destacado  como un compromiso extendido y profundo hacia un moderno abordaje para la gerenciación de  las organizaciones públicas de forma de mejorar la eficiencia en la implementación de las políticas públicas.

 

Estas reformas – iniciadas a mediados de los 80 –  se intentaron llevar a cabo en un escenario caracterizado por ascendentes problemas derivados de las  presiones fiscales y las manifiestas ineficiencias en  la provisión de servicios de  las décadas anteriores y  al influjo de un paradigma que exaltaba una visión empresarial de  las actividades estatales.

 

 

Reconsiderando el rol fiscal del gobierno: las técnicas presupuestarias y su funcionalidad

 

El presupuesto es fundamentalmente la arquitectura básica por dónde discurrirán las decisiones colectivas públicas.

 

En ese sentido permite crear un tejido institucional complejo y variado que hace viable la instrumentación de  las acciones a ser llevadas a cabo para alcanzar las finalidades previstas.

 

Gestionar un presupuesto – es decir planificar la política fiscal que le servirá de base, programar estratégicamente las políticas administrativas a implementarse, organizar los recursos, las actividades, entidades y tiempos,  ejecutar lo previsto, monitorear las acciones realizadas impulsando las coordinaciones necesarias, controlarlas y evaluarlas – suponen una labor de construcción permanente y continua que requiere de contribuciones de todo tipo.

 

Esas contribuciones y apoyos deben conseguirse –fundamentalmente – desde el propio aparato estatal, desde el sistema político y desde la ciudadanía hacia la cual se dirigen los esfuerzos mancomunados de todos los colectivos participantes.

 

Retrospectivamente, se ha podido observar que en los años posteriores a la Segunda Guerra se comenzó a utilizar una serie de técnicas presupuestales que respondían correlativamente a realidades e ideas que se manifestaron en escenarios económicos fuertemente orientados a  visiones interpretativas muy concretas.

 

Así, luego de dicha guerra y en consonancia con el auge económico que se va a manifestar hasta mediados de la década del 60 predominó el “Estado del Bienestar” que se expresó fiscalmente a través del denominado “Presupuesto Tradicional”.

 

En  el segundo lustro de  la década del 60 los países sienten que el hecho de dejar al libre albedrío las fuerzas del mercado no aseguraba crecimientos sostenidos y estiman adecuado comenzar a darle importancia a la planificación.

 

En ese contexto se produce el advenimiento de  la técnica del  PPBS ( Planning – Programming System) para los países industrializados y  el PPP ( Presupuesto por Programa y Actividades)  en nuestros países.

 

En la década del 70 en el afán de profundizar algunos logros de  las técnicas anteriores se propone el Presupuesto Base Ceroque puede ser usado – en ocasiones – en forma complementaria con las metodologías presupuestales previas.

 

La filosofía subyacente en las técnicas presupuestarias programáticas se correspondía  con lo  que ha sido denominado desarrollismo.

 

Este enfoque suponía que el Estado era el gran agente de las transformaciones económicas y sociales, el compensador de los inevitables fallos del mercado, el garante de  la  cohesión y la equidad social a través de la expansión incesante de

las intervenciones económicas y del gasto público.

 

Sin embargo para principios de la década del 80 no existía esa visión. Se observaba, por el contrario, que el Estado construido tras la Segunda Guerra Mundial era incapaz de resolver los problemas básicos.

 

Era evidente de que a pesar que los Estados habían crecido tanto eran incapaces de garantizar adecuados niveles de empleo.

 

Un segundo argumento refería a que el mayor intervencionismo económico y social no había servido para garantizar la mayor eficiencia y competitividad económica ni la equidad en la distribución de  los ingresos.

 

Por otra parte, las regulaciones e intervenciones estatales en la economía, aunque se justificaran formalmente desde el interés general, respondían muchas veces a intereses corporativos encubiertos.

 

Asimismo se observaba que los tímidos intentos para mejorar la gestión pública terminaban en reformas de invocación gerencial  que solo lograban convertir en más eficiente lo  que era incorrecto o ineficaz. El problema consistía en que se modernizaban organizaciones públicas que era preciso  cerrar por haberse extinguido su razón de ser.

 

Los finales de los años 80 fueron de un fuerte dogmatismo antiestatista que fue exacerbado interesadamente, mas aún porque existían sobradas razones para su cuestionamiento 

 

A pesar de que los dogmatismos no son fuente del pensamiento racional, lo cierto es que se caracterizó al Estado a través de una visión limitada de sus objetivos.

 

Se tendió a confundir al Estado existente – en realidad una forma coyuntural del mismo – como fuente prácticamente de  la mayoría de  los problemas que aquejaban a nuestros países.  La teoría económica predominante llegó a la misma conclusión a la que dos siglos antes había llegado el anarquismo: sólo debía existir un Estado mínimo.

  

De las pocas evidencias existentes a la altura de la década del 80 eran que la configuración de  los aparatos estatales existentes provenía tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo, de  las realidades e ideas prevalecientes tras la Segunda Guerra Mundial, consolidadas a  lo largo de la denominada Guerra Fría y que habían sido puestos en tela de juicio por las crisis económicas de  los años70 y la autodestrucción del bloque socialista en los 80.

 

  La Nueva Gerencia Pública

 

Para entonces se hacía necesario una forma distinta de percibir, entender e interpretar las nuevas realidades. Estas realidades chocaban, por su parte, en el ámbito estatal, con una seria limitación: no existían las instituciones que facilitaran el manejo jurídico del conjunto de fenómenos emergentes.

 

En este  contexto los Estados – por inercia económica y cultural – encontraban muy difícil abandonar una actividad aunque la misma se hubiera vuelto totalmente inútil. Se veían, en consecuencia, ligados al pasado, a lo obsoleto, a lo que ya no resultaba productivo. No podían abandonar una actividad que ya hubiera agotado su misión.

 

Bajo el estímulo de esta desafiante situación aparecen una serie de tratadistas agrupados posteriormente bajo el concepto de “ nueva gerencia pública”. Estos analistas sostenían que los gobiernos de la era industrial, con sus extensas burocracias centralizadas y sus procesos estandarizados proporcionaban servicios “ de la misma magnitud para todas las cosas “ que no estaban a la altura de los retos que presentaba una sociedad económica que jerarquizaba el conocimiento como nueva forma de acumulación para generar el desarrollo.

 

Se promueve, entonces, una dinámica que procura desenvolver las capacidades gubernamentales hacia el futuro y pretende reconfigurar al sector publico de forma de generar gobiernos que sustenten su actuación en términos de resultados obtenidos y de impactos reales alcanzados.

 

Este enfoque destaca que los gobiernos deberían aspirar  a actuar con base en la obtención de resultados y no meramente dedicarse a ejercer el control de gastos y recursos – como habitualmente lo hacen las administraciones tradicionales – por lo que intentan promover reformas administrativas y organizacionales  utilizando como punta de lanza  las transformaciones posibles de impulsar a través del Presupuesto.

 

Por medio del presupuesto y de su elaboración se comienza a definir las reglas básicas del desempeño de las entidades gubernamentales, incorporando los incentivos y filosofías de comportamiento en la gestión, por lo cual este instrumento se convierte en una guía para los funcionarios, promoviendo una reforma integral de las instituciones gubernamentales.

 

Esto supone la generación de un proceso que implica efectuar un tránsito desde una herramienta presupuestal pensada simplemente para controlar el gasto y su aplicación en estructuras programáticas rígidas hacia un presupuesto dirigido a exponer resultados mensurables y observables para la ciudadanía.

 

Un conjunto de países, que pueden ser calificados de avanzada, comienza a desenvolver una serie experiencias sobre la base de esta orientación: Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia practican en sus administraciones profundos cambios estructurales sobre la base de estos fundamentos.

 

  Buena Gestión Fiscal                                                          

 

En estos países – que han procesado los cambios que mejor se ajustan a esta visión – se aprueban disposiciones que establecen normas jurídicas para la transparencia de la política fiscal ( a la que se le concede enorme importancia), la declaración de información sobre las finanzas públicas y la responsabilización  formal del gobierno ante la ciudadanía por su desempeño fiscal.

 

En ese sentido Nueva Zelandia promulgó en 1994 la Ley de Responsabilidad Fiscal, Australia aprobó la Carta de Honestidad Presupuestaria y Gran Bretaña legisló estableciendo un Código de Estabilidad Fiscal.

 

Así por ejemplo son altamente significativos los compromisos asumidos por el gobierno neocelandés  en la materia como lo señalan sus principios y normas incluidas en la ley de responsabilidad fiscal.

 

Esta ley detalla sin confusiones la manera en que el gobierno debe hacer conocer las políticas que propone y la forma que adopta para asegurar que la legislatura y la ciudadanía vayan sabiendo cómo se cumple con los principios de la gestión fiscal.

 

La ley exige los siguientes requisitos:

       

•         Publicar una declaración de política presupuestaria que contiene prioridades estratégicas para el próximo presupuesto, explicitando las intenciones fiscales a instrumentar a corto plazo, y a su vez,   manifestando los objetivos fiscales a largo plazo, previamente a la presentación del documento a la legislatura.

 

•         Revelar el impacto de las decisiones fiscales sobre un período de pronóstico trianual con las debidas actualizaciones en materia económica, tributaria y de gastos.

 

•         Presentar toda la información financiera conforme a prácticas de contabilidad generalmente aceptadas.

 

•         Remitir todos los informes que exige la ley a una comisión parlamentaria especializada.

 

Todas estas disposiciones buscaron promover reformas que enfatizaban la creación de incentivos para alcanzar lo que se esperaba de los administradores del sector público.

 

Entre las expectativas planteadas se encontraban:

 

•         Dar mayor responsabilidad a los jefes de departamentos asociados con mayores recompensas y castigos en términos contractuales.

 

•         Poner énfasis en la especificación de las producciones de los bienes y servicios públicos que se esperaba alcanzar y que se definían previamente.

 

•         Reducir el control de los insumos.

 

•         Introducir sistemas de información para medir resultados.

 

Esto a su vez se basaba en una clara separación entre el ámbito de definición de las políticas y el nivel operativo, la elaboración de contratos de responsabilidad basados en obligaciones nítidamente determinadas, sistemas de administración por resultados, y rendiciones de cuenta claramente expuestas.

 

Vale mencionar en el mismo sentido la llamada Iniciativa de la Administración Financiera implantada por el gobierno inglés que se promovió como un medio para desarrollar en cada departamento institucional, una organización y un sistema en donde los administradores de todos los niveles tuvieran:

 

• Una clara visión de sus objetivos y un medio para evaluar y, en la medida de lo posible, medir los resultados en relación con esos objetivos.

 

• Establecer su responsabilidad para hacer el mejor uso de los recursos, incluyendo un escrutinio crítico de los resultados.

 

• Contar con información – particularmente acerca de los costos – fomentando el adiestramiento especializado de los administradores a partir de dicha información como forma de ejercer mejor su responsabilidad.

 

• Mejorar el sistema de rendición y los métodos de medición de resultados.

 

Todos estos movimientos confluyeron en el denominado “Presupuesto por Responsabilidad” que es concebido como el instrumento adecuado y  conducente para evidenciar los efectos de las medidas adoptadas

 

El concepto de Presupuesto por Responsabilidad surge de la experiencia recogida en torno de las habilidades gerenciales desenvueltas  en cada institución y los resultados obtenidos debido a su aplicación.

 

Es una forma de constituir una red interna de contratos entre los distintos agentes intervinientes de una entidad que se caracteriza por los siguientes rasgos:

 

• Las unidades ejecutoras y sus administradores son evaluados en función de las metas por ellos aceptadas.

 

• Se utilizan medidas financieras y de evaluación de actividades realizadas para medir y recompensar los logros o penalizar las fallas.

 

• Los éxitos o los fracasos son atribuidos enteramente a las decisiones gerenciales o al desempeño de los funcionarios.

 

Como vehículo de una nueva ingeniera administrativa puede destacarse su aporte en los siguientes temas:

 

• El ordenamiento en materia de costos y contabilidad que permite aplicar un sistema de medición y evaluación del desempeño. En el ámbito del presupuesto por responsabilidad la información sobre insumos, costos, actividades y producciones son señaladamente importantes.

 

• Definir adecuadamente la estructura de responsabilidades o sea la asignación de autoridad y responsabilidad a las personas dentro de la organización. En esta mecánica la autoridad y responsabilidad deben ser determinadas y concedidas sin ambigüedades.

 

• Se expone que el trabajo debe ser ordenado a partir de unidades administrativas de acuerdo a su misión, función o región, configurando una nueva forma orgánica.

 

• Se determina que los centros administrativos y de responsabilidad deben actuar de acuerdo a la estructura contable dado que la información que la misma provee puede ser usada para coordinar las actividades de las distintas unidades ejecutoras, así como para influenciar la acción de los gerentes.

 

En el presupuesto por responsabilidad existen dos reglas básicas que orientan el diseño institucional:

 

La primera es que la estructura debe ser lo mas descentralizada posible. La experiencia indica que la eficacia de las entidades grandes y complejas se eleva cuando la autoridad y la responsabilidad son delegadas dentro de la trama organizacional.

 

La descentralización requiere previamente una definición del propósito o función de cada unidad administrativa y centro de responsabilidad, establecer los procedimientos para fijar objetivos y para monitorear, así como reglas que fijen pautas de recompensas. Exige, adicionalmente, una estructura contable que ligue cada centro a las metas institucionales.

 

En esta mecánica la delegación de autoridad significa dar a los gerentes la máxima posibilidad para hacer viables sus unidades productivas sujetándolas a las menores restricciones. Esto a su vez requiere que todas las decisiones puedan ser consideradas en términos de metas financieras.

 

La segunda condición para efectivizar este tipo de presupuesto es que la estrategia organizacional determine a la estructura. La estrategia representa, en este caso,  el propósito y las políticas que definen a la institución así como la misión requerida para adaptarse creativamente  a su contexto.

 

Ambas condiciones están subordinadas al cumplimiento de metas financieras que se deben corresponder al ámbito de acción de cada una de las unidades administrativas y la responsabilidad consiguiente de sus administradores.

 

Esto hace posible que se puedan hacer comparaciones entre los diversos centros de responsabilidad, permitiendo que los desempeños relativos de sus gerentes puedan ser evaluados, elevando la eficacia  motivacional promovida por  la competencia interna.

 

Se puede constatar que en lo fundamental, los países desarrollados deben enfrentar problemas similares a la realidad latinoamericana mas allá de las grandes diferencias estructurales que existen desde el punto de vista institucional.

 

Sin embargo, la consideración de estos problemas permite describir situaciones claves que podrían deparar enseñanzas estratégicas y prácticas para nuestras administraciones.

 

 

El desafío metodológico presupuestal y la necesidad de un nuevo enfoque

 

Los Estados latinoamericanos viven un momento muy complejo que no puede ser ajeno a la situación de las economías nacionales.

 

Las sociedades se ven abocadas a lograr un cambio sustantivo en la forma de idear y elaborar las necesidades públicas de forma tal que se puedan obtener transacciones legitimadas de los diversos intereses promoviendo la expresión más representativa del interés público.

 

Esto requiere profundas transformaciones políticas que instauren en los poderes públicos un nuevo estilo de gestión que rinda cuentas de manera efectiva y transparente construyendo una mayor credibilidad social para los sistemas políticos.

 

En ese sentido es posible reconocer que la búsqueda de renovadas técnicas y la propuesta metodológica de la Nueva Gerencia Pública no apunta tanto  a un cambio de paradigma organizativo sino que busca promover  una transformación profunda del espacio social y tecnológico en  el que se desenvuelve la administración pública.

 

Este abordaje ayuda a escapar del encierro en que se encontraba al análisis presupuestario en las últimas décadas, el cual en forma autocomplaciente solo atinaba a enfrentar las inéditas realidades emergentes solamente a través de la mera reelaboración fragmentaria de las metodologías presupuestarias ya conocidas.

 

Sin perjuicio que la nueva gerencia pública no aporta elementos tan diferentes a los ya manejados, constituye un enfoque que permite una importante recreación de los problemas gubernamentales en el contexto socio tecnológico actual.

 

Este enfoque realiza una propuesta que supone un énfasis en estrategias de acción gubernamental que tomen en cuenta las relaciones entre el aparato administrativo, el Poder Legislativo y la sociedad tomando en cuenta los factores que distinguen a cada régimen político  particular.

 

Sus virtudes mas señaladas refieren al desarrollo de mecanismos de dirección basados en resultados, el fortalecimiento de la rendición de cuentas o  – en términos de los países desarrollados,  la  “accountability” – a partir de la precisa medición de productos e impactos y el desarrollo de contratos que explícitamente acotan el riesgo de la arbitrariedad de  los sistemas burocráticos existentes  que habitualmente tienden a crear sus propios métodos de evaluación.

 

Pero es necesario ubicar esta corriente en su real dimensión, ya que para ser aplicada depende de  la  calidad del régimen político existente, de  la cultura del aparato público, de la forma que cada sociedad plantea sus problemas y las formas de resolverlos y la historia de cada administración.

 

 

¿Qué se puede esperar de  la posibilidad de implementar esas reformas en los países en vías de desarrollo?

 

En primer lugar es necesario reconocer que el ámbito socio tecnológico, político y de cultura colectiva es distinto.

 

Por ejemplo en nuestras administraciones se observa el desarrollo de una burocracia alejada del control legislativo – que en muchos casos – muestra Poderes Legislativos que no disponen del conocimiento técnico apropiado para valuar las acciones gubernamentales y menos aún pueden ponderar claramente las actividades presupuestales en términos de impactos reales.

 

Esto ha llevado a crear – por parte de los administradores – sistemas endogámicos, es decir autoabastecidos para programar, ejecutar y controlar sus propios desempeños  logrando, con posteridad, convencer al sistema político y a la sociedad de la bondad de sus decisiones, mas allá de la ineficacia o irrelevancia de sus resultados.

 

La necesidad de nuestras sociedades requiere hacer propuestas propias que permitan elaborar nuevas capacidades tecnológicas de control a las instituciones representativas y a la ciudadanía.

 

Será preciso realizar acciones tendientes a asegurar lo que las ciencias políticas denominan una correcta gobernanza.

 

Se entiende  como tal  a la capacidad que tienen las sociedades de proveerse de sistemas de representación adecuadamente institucionalizados que se basen en el apoyo de los distintos estamentos sociales y que generen procesos que induzcan a la sociedad a crear instrumentos colectivos para resolver sus problemas en términos eficientes y públicamente conocidos.

 

A esos efectos, será preciso desenvolver estilos de gestión – que recojan los instrumentos adecuados de todas las técnicas presupuestarias conocidas las que actualmente deben considerarse un acervo administrativo a desarrollar – que permita rendir cuentas de manera efectiva y transparente.

 

Esto supone asimismo un abordaje multidisciplinario del interés público que haga converger aportes de las ciencias políticas y sociales, las finanzas públicas, las técnicas presupuestarias y administrativas, la economía, las disciplinas motivacionales y todo otra contribución que permita encarar la compleja mecánica actual en términos adecuados y operativos.

 

Se necesita construir democracias responsables, para lo cual será una exigencia impostergable poder disponer de ciudadanos y organizaciones con alto grado de información, de forma tal que se ejerzan en plenitud todos los derechos para enfrentar los múltiples desafíos de las reglas de juego actuales.

 

Como ejemplo de esos desafíos multidimensionales es posible considerar el referido a la necesidad de crear condiciones de competitividad sistémica en la economía para  lo cual los  Estados deben hacer sus contribuciones en el nivel meso de la economía.

 

Este nivel se caracteriza por requerir la creación de un entorno adecuado a las empresas privadas que permita fomentar y potenciar los resultados de las mismas.

 

Para ello es preciso impulsar el establecimiento de instituciones facilitadoras y promotoras, junto con la instauración de infraestructuras físicas, redes de apoyo, regulaciones transparentes y políticas sectoriales.

 

En esa intervención estatal se plantearán dilemas que deben ser resueltos coordinadamente por el aparato administrativo, el Parlamento y la Sociedad Civil.

 

Ese trípode de decisores estará influenciado por las presiones provenientes de un escenario sumamente dinámico por lo que requerirá una suerte de acción de redes basada en cada uno de sus tres pilares.

 

Una metodología a explorar – que dispone de recientes experiencias y cuenta con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial y la OECD – es el  denominado análisis aplicado de presupuesto que fomenta el involucramiento de la sociedad civil en materia presupuestal.

 

A través de buenas prácticas como ser el diseño de una “ Guía para el trabajo presupuestario “ se pretende apoyar a la sociedad civil para que sepa evaluar y mejorar los presupuestos.

 

En los hechos es un intento para que las organizaciones integrantes de ese ámbito incidan en las metas políticas y en especial en la elaboración de los objetivos sociales.

 

Eso se lograría mediante un análisis exhaustivo de los instrumentos presupuestales – que incluya también la calidad de las prestaciones  – y que procure  incidir en el debate político por medio de estudios accesibles para un amplio rango de ciudadanos y en especial a los elaboradores de políticas públicas, los medios de comunicación y la ciudadanía implicada.

 

Este examen también comprende esfuerzos para mejorar el entendimiento de los asuntos presupuestarios.

 

Sus objetivos son incrementar el nivel de comprensión y manejo de los temas presupuestarios entre aquellos involucrados en el debate político presupuestario, con el fin de mejorar este debate, así como involucrar a más gente.

 

Se procura que la naturaleza general de los informes presentados sea precisa, accesible y oportuna, generando estimaciones independientes teniendo como destinatarios finales a los públicos objetivos afectados y a los grupos que operan en todos los niveles del gobierno ya sea nacional, provincial o local municipal.

 

Las razones para que las organizaciones de la sociedad civil ( OSC) se comprometan en el trabajo presupuestario no son nuevas. Lo que es nuevo es el contexto internacional para estas organizaciones.

 

La existencia de sociedades abiertas y democráticas requieren de una sociedad informada, participación pública y procesos gubernamentales que sean transparentes.

 

Esta idea de involucrar a las OSC en el debate presupuestario representa un cambio sustancial en el enfoque tradicional de la toma de decisiones presupuestarias y ya existe una amplia gama de experiencias y estudios de casos en Estados Unidos, Méjico, Brasil, Sudáfrica, la India y siguen apareciendo nuevas prácticas.

 

De esta forma se está gestando un proceso de credibilidad acerca de los papeles complementarios del gobierno en sus dos ramas – ejecutiva y legislativa – que  en conjunto con los actores sociales unifican  esfuerzos procurando obtener mejores resultados .

 

En la actualidad, muchas instituciones internacionales ven con simpatía que el sector público y las organizaciones no lucrativas creen nuevas oportunidades para mejorar el gobierno e implementen estrategias efectivas para atacar problemas sociales.

 

Dado que las reformas estatales han estado acompañadas por procesos de descentralización, lo cual lleva al presupuesto mas cerca de las comunidades, éstas tienen experiencias mas reales y tangibles en materia de manejo de recursos.

 

Existe, asimismo, un fenómeno cultural que ha sido inducido y creado por la mayor información disponible por parte de los ciudadanos. Se manifiesta un cambio en la forma de pensar acerca de las consecuencias del debate público del presupuesto.

 

Un estudio reciente que revisa las experiencias de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ( OCDE) encontró que un mayor involucramiento de los Poderes Legislativos en el proceso presupuestario permite potenciar los resultados que mantienen la disciplina fiscal.

 

La participación constructiva de la sociedad civil – a su vez – habilita incrementar la calidad del debate presupuestario y mejorar los resultados a través de una variedad de medios como la capacitación ciudadana,  la jerarquización de la información en los temas de política estratégica  e identifica con precisión  las mejoras prácticas presupuestarias.

 

Se debe auspiciar en este contexto el desarrollo de redes de información entre la sociedad civil, los parlamentos y los poderes ejecutivos.

 

Será preciso elaborar programa de mejoras que tengan un marco referencial que combine planeamiento, presupuesto, contabilidad e informes múltiples.

 

Esta estrategia integrada necesitará ser desarrollada antes de la implementación y deberá estimar las necesidades de los recursos internos y externos así como el apoyo tecnológico de las reformas propuestas, las que podrán ser hechas utilizando las variadas  técnicas presupuestarias conocidas.